Desde finales de la década de los ochenta del pasado siglo, la vida musical española comenzó a experimentar un paulatino intento de homologación con los estándares europeos. Nuestro país vivía una situación tercermundista en el ámbito de la música clásica. Desde el Gobierno de la nación, y desde entidades autonómicas y municipales, se comenzó a tomar conciencia del atraso que en nuestro país sufría la música patrimonial.
Se produjo entonces una eclosión de infraestructuras: nuevos auditorios y la reforma de los teatros históricos que venían del siglo XIX. Fue un primer avance esencial que, además, se completó con la fundación de orquestas sinfónicas. Todo ello supuso un verdadero revulsivo. Se instauraron, además, circuitos de conciertos y, por primera vez, el país contó con una red de giras en la que las orquestas autonómicas y municipales convivían con las formaciones invitadas. Esto llevó a que, por primera vez en mucho tiempo, la vida musical española lograse consolidar una actividad que comenzó a aproximarse a la que se podía disfrutar en Francia, Reino Unido o Alemania, por citar tres países muy estables en este ámbito. Además, el asentamiento de los circuitos permitió la irrupción de formaciones especializadas –las de música antigua han conocido un avance espectacular en los últimos diez años– y la mejora de la educación musical en los conservatorios y, muy especialmente también, en el ámbito universitario, con la implantación de las titulaciones en Musicología, han sido elementos esenciales en el crecimiento. La labor de los musicólogos está siendo impagable. Gracias a ellos se ha logrado la recuperación del patrimonio y esto es algo que todavía debe seguir creciendo en los próximos años porque existe margen de maniobra.
Pero a la vez se ha producido una gran regresión que ha lastrado todos los avances. Llevamos ya treinta años de destrucción de la educación musical en el sistema educativo general. La música está arrinconada, como algo accesorio y no sustancial. Esto ha llevado a un analfabetismo musical generalizado que, como es lógico, ya está llegando también a las clases dirigentes, incapaces de abordar la materia con unos mínimos de capacidad para saber de las necesidades del sector. Y esto ocurre en un momento muy delicado en el que las orquestas necesitan más apoyo que nunca. Inmersas en un proceso de renovación de público que requiere de un soporte relevante que contemple las necesidades reales y permita presupuestos adecuados para afrontar proyectos ambiciosos y a largo plazo. No encuentran las orquestas interlocutores válidos y en la propia asociación que las engloba se ve una constante queja porque se frustran de manera continua posibles avances, con alguna tímida excepción casi anecdótica.
Hay que insistir de manera continua en que las orquestas son un servicio público, ejercen de vehículos imprescindibles para que la ciudadanía tenga cubierto su derecho de acceso a la música que es patrimonio de la humanidad. Y esto, lógicamente, tiene un coste. No superior, desde luego, a mantener una red de museos o al mantenimiento del patrimonio arquitectónico del país. En estos años de aniversarios redondos, en torno a la treintena, se impone la necesidad de un proceso de reflexión con respecto al futuro de un sector que necesita criterios claros y objetivos para dar el salto al siglo XXI. En el resto de Europa esto se está haciendo con seriedad. Aquí no se ve ese compromiso por ningún lado.
Basta ver cómo las regiones europeas aportan para que sus orquestas puedan girar y exporten la cultura de sus respectivos territorios a otros países y cómo nuestras orquestas apenas logran salir de su territorio por la falta de ayuda institucional. Es un ejemplo nítido, de entre otros muchos, de cómo esa falta de soporte necesita de un impulso nacional y de coordinación administrativa en el que el Ministerio de Cultura debiera ser un agente impulsor y no un mero espectador.
