Vida de artista

Las artes escénico-musicales tienen, como es lógico, muchos puntos en común. Por desgracia, uno de ellos destaca por encima de todos: la precariedad laboral. Una situación que la pandemia ha agravado hasta límites insoportables. A pesar de la aprobación de un nuevo marco regulatorio para la actividad laboral artística, la situación española continúa siendo calamitosa. Músicos, cantantes, actores, bailarines y el resto de los agentes implicados en el proceso de creación artística comparten una realidad hostil que nos retrata como un país atrasado, cainita y ruin en un ámbito que en absoluto está homologado al resto de Europa. Aquí aun tenemos una brecha que alcanza a todos los géneros y que es una herida que brota sin que las administraciones públicas sean capaces de prestar mayor atención a un sector que ronda el 2,5% del PIB y crea cerca del 4% del empleo total de nuestro país.

La Fundación La Caixa acaba de publicar un estudio sobre la situación laboral y de vida de los profesionales de la cultura tras la pandemia, y los datos asustan por su contundencia y negatividad. Varias son las ideas fuerza del trabajo: Más de la mitad de los profesionales apenas pueden vivir de su actividad y, además, la percepción que se tiene en el sector es que la sociedad desconoce este aspecto (y aquí añadiría que tampoco se percibe excesiva solidaridad al respecto). Y esto nos lleva a otro punto clave: los artistas consideran, en un 95%, que la ciudadanía no considera su trabajo como algo esencial, necesario. En el ámbito ya de la creación pura, la presión de su situación lleva al 70% de los artistas a sufrir una presión que acaba siendo muy perjudicial para su labor. A ello tenemos que añadir un 60% declara ganancias de menos de 1.500 euros mensuales, inmersos, asimismo, en una enorme precariedad, situación que se agrava en los jóvenes.

La pandemia, además, expulsó a muchos efectivos del sector ante la reducción de conciertos y representaciones escénicas. Ha sido, por tanto, uno de los sectores más afectados por los efectos directos del covid-19. De hecho, han desaparecido compañías y proyectos o muchos pequeños festivales que creaban una tupida red y fueron clausurados. La clase política aprovechó la pandemia, en lo que ya es un hábito, para tener presta la tijera de los recortes, pese al mandato constitucional ("los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho") al que están obligadas todas las instancias, ya sean estatales, autonómicas o locales. Existe, por tanto, un abandono que se materializa más en algunos ámbitos como el de música clásica, en el que el sector privado –movido por la mera rentabilidad económica– apenas trabaja.

Tal y como apunta el estudio, la implementación y mejora del estatuto del artista tiene que ser capaz de establecer unos mínimos comunes en el conjunto de la Unión Europea (UE) que garanticen la estabilidad del trabajo artístico y esto debe permitir una mejora de las condiciones de vida de profesionales que están muy afectados por una informalidad y un amateurismo organizativo que los lastra y mucho.

Para ello, la clave es tener estudios actualizados y periódicos que permitan observar la evolución de las condiciones y que la remuneración que reciben –insisto: pública en muy alto porcentaje– alcance condiciones aceptables. Por supuesto que todo ello se tiene que asentar sobre políticas que estén bien encaminadas a poner en valor la necesidad de la cultura no como algo accesorio, sino como lo que es, un derecho esencial para el adecuado desarrollo de la sociedad. Espero que el exhaustivo trabajo recién publicado sirva para que esa primera piedra que ha supuesto el estatuto del artista sea un punto de partida y no de llegada. Demasiado tiempo se ha esperado para cubrir carencias muy básicas.

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