Santiago de Compostela,
Irene BASCOY
Ochenta mil metros cuadrados de un filón de cuarzo impiden desde hace más de tres años la ejecución de 13 kilómetros del AVE de Galicia. La polémica que rodea a este tramo ha dado un nuevo giro de tuerca después de que el Ministerio de Fomento acusase al dueño de la mina, Juan Miguel Villar Mir, y a su constructora (OHL) de dilatar las accidentadas obras de la Alta Velocidad en Cataluña para cobrar más por este yacimiento situado cerca de Santiago de Compostela, entre los ayuntamientos de Vedra y Boqueixón, y por el que tiene que transcurrir el AVE con destino a Madrid. La Universidad de Oviedo se ha visto envuelta en esta polémica ya que uno de sus informes, realizado por encargo del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), dependiente del Ministerio de Fomento, minimiza el impacto de la mina.
La explotación de Serrabal ha protagonizado en los últimos años una batalla política, en la que el PSOE ha acusado al PP de pergeñar cuando estaba en el poder un pelotazo económico en connivencia con el ex ministro Villar Mir, quien exigió el cambio de trazado para que no afectase a su explotación (que gestiona la firma Ramsa); en caso contrario, amenazaba con un pago por el lucro cesante de parte del yacimiento de 895 millones de euros.
Más tarde, el propio Villar Mir rebajaría su exigencia a 270 millones, pero siguió insistiendo en que su objetivo era lograr el diseño de un nuevo trazado. Sin embargo, el Adif, tras un período de dudas, mantiene que el trazado ya está decidido desde 2001, que es inamovible y va a ejecutarlo cuanto antes. Además sólo estaría dispuesto a ofrecer cinco millones de euros. ¿Por qué? Porque tras una parálisis de más de tres años afronta ahora la expropiación. Además, la concesión concluye el 7 de enero de 2008, así que sólo compensaría al empresario por lo que dejase de ganar por la explotación de una mina cuyo derecho sobre ella está a punto de expirar.
La Administración y la empresa también discrepan abiertamente sobre la afección del yacimiento. La primera blande el citado informe de la Universidad de Oviedo que minimiza el perjuicio al 10 o 12 por ciento de las reservas mineras, mientras que la compañía eleva el porcentaje al 59 por ciento. Adif pretende expropiar este mismo año los polémicos 13 kilómetros para iniciar las obras de construcción del AVE.
En esta situación, el Gobierno autonómico no decidirá si prorroga a Villar Mir la concesión de la explotación minera por 30 años más, antes de que Adif culmine el proceso de expropiaciones, lo que hasta ahora le ha resultado imposible por las continuas protestas de los trabajadores. Ramsa ha propuesto una explotación subterránea de la veta de cuarzo que pasa por debajo de la traza prevista para el AVE. Aunque el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, calificó de «inviable» explotar este filón.
El culebrón de la mina Serrabal que arrancó en 2001, cuando el entonces ministro Francisco Álvarez-Cascos decidió que el tren atravesaría el yacimiento de cuarzo, vislumbra su fin, afirman desde la Xunta. En cambio el Adif prefiere, en cambio, guardar silencio y mantenerse prudente porque se trata de «una cuestión delicadísima».
La explotación factura al año 7,5 millones de euros con 37 empleados y genera más de un centenar de puestos de trabajo indirectos. La mina fue descubierta en 1968 por tres empresarios gallegos y vendida por sólo nueve millones de pesetas. Villar Mir, que la compró posteriormente por 60 millones de euros, llegó a exigir 895 millones de euros y eso que el Gobierno español sólo le expropia una pequeña parcela de la explotación, alegando que le quitan la mejor veta de cuarzo. ¿Qué tiene esta mina? La empresa y sus trabajadores aseguran que es única, pues de ella se extraen los cuarzos más puros del mundo, válidos para fabricar productos tan delicados como los chips de los ordenadores o placas solares, además de las siliconas de los preservativos o de las mamas artificiales. Cada día, salen de la mina del Serrabal camiones cargados con mil toneladas de mineral.
