Oviedo, M. MARTÍNEZ

El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, está pensando en dejar su cargo. El pensamiento no es nuevo, pero según fuentes socialistas y ugetistas, sí se ha intensificado después de que su jefa, la ministra de Economía, Elena Salgado, y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, le rectificaran y negaran que el Ejecutivo estudiase congelar el sueldo de los funcionarios. Ocaña es el único miembro del equipo del anterior ministro, Pedro Solbes, que queda en el Ministerio de Economía y Hacienda.

Los ya continuos «vaivenes» y desmentidos entre los miembros del Gobierno y especialmente en los últimos días entre De la Vega y Salgado mantienen en solfa a los secretarios de Estado, que son los que suelen hacer los anuncios y verse al día siguiente desmentidos por los titulares de distintas carteras. El último caso fue el de Carlos Ocaña, quien dijo el pasado miércoles que el Gobierno tenía sobre la mesa una posible modificación del acuerdo alcanzado con los sindicatos de los funcionarios en septiembre para poder cumplir con el plan de austeridad.

De la Vega achacó la afirmación a una «confusión de Ocaña». Pero quienes le conocen no lo creen. Fuentes socialistas aseguraron ayer que es una persona reservada y rigurosa, y que no se «confundiría» en algo tan importante.

Lo cierto es que, según distintas fuentes, Ocaña medita seriamente dejar su cargo en el Ministerio de Economía y Hacienda. El diario «El Mundo» publicaba ayer que incluso había trasladado a su equipo su intención de renunciar.

Sin embargo, las distintas fuentes consultadas aseguraron que una cosa es que él lo esté pensando «más en serio» y otra que se produzca, teniendo en cuenta la actual situación económica y que el Gobierno ostenta la Presidencia europa. «La salida de una persona que tiene un cargo tan importante en un momento de crisis como el que atravesamos no parece que dé la mejor imagen del país. Y menos cuando Campa (el secretario de Estado de Economía) está en medio de una permanente campaña en defensa de la credibilidad de España», afirmó un socialista que reclamó, como el resto de las personas consultadas, que se mantuviera su anonimato.