Trabajo prorroga la ayuda de 426 euros, pero recorta el número de beneficiarios

Oviedo / Madrid, Agencias

El Consejo de Ministros dio luz verde ayer a la prórroga de la ayuda de 426 euros para desempleados, el subsidio extra instaurado por el Gobierno hace un año para los parados que agotan las demás prestaciones. Esta ayuda llegará a unas 219.000 personas en los próximos seis meses, entre ellas unos 5.000 asturianos, según la Delegación del Gobierno en Asturias. No obstante, se acota más que antes el perfil de los beneficiarios: al contrario que ahora, los 426 euros no llegarán a los parados que, con edades comprendidas entre los 30 y 45 años, no tengan familiares a cargo. A decir del sindicato UGT, ese cambio recortará el número de beneficiarios hasta un 25%.

Con 4,6 millones de parados, según la Encuesta de Población Activa (EPA), y un número cada vez más importante de desempleados de larga duración, el Gobierno se ha decidido a prorrogar el subsidio de los 426 euros, sobre cuyo futuro algunos miembros de la Administración mantuvieron cierta ambigüedad meses atrás. Esta prorroga durará seis meses y beneficiará a quienes agoten el resto de prestaciones (la contributiva y la «ayuda familiar») entre 16 de agosto de este año y el 15 de febrero de 2011.

El Consejo de Ministros ha introducido una modificación en cuanto a los beneficiarios: antes no había más límite de edad que no superar los 65 años; a partir de ahora los nuevos solicitantes serán los menores de 30 años, los mayores de 45 y los que, teniendo entre 30 y 45 años, tengan cargas familiares. El Gobierno ha decidido el cambio por indicación de una resolución del Congreso, aprobada tras el último debate sobre el estado de la nación, que planteó suprimir el subsidio para todos los desempleados de entre 30 y 45 años. Al final se ha suavizado ese criterio, incluyendo a los parados con cargas familiares.

Como en ocasiones precedentes, para acceder a la ayuda los parados no pueden tener otras rentas superiores a 475 euros mensuales. La ayuda se podrá cobrar durante seis meses como máximo y supondrá para el Estado un desembolso de 420 millones de euros.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, confirmó que el Gobierno quiere reforzar en el futuro el control sobre las prestaciones, intensificando las sanciones (retirada de las ayudas) a los parados que rechacen cursos formativos u ofertas de trabajo. Aunque la ley actual ya lo prevé bajo ciertos supuestos, el PSOE ha presentado una enmienda a la reforma laboral para que se pueda sancionar desde el primer día a los parados que no acepten participar en cursos.