Oviedo / Madrid,

L. GANCEDO

El Consejo de Ministros aprobó ayer una reforma de urgencia en los costes del sistema eléctrico en un intento de frenar la escalada del precio de la luz. El decreto ley impulsado por el Ministerio de Industria abunda en la dirección de recortar dinero a los productores de energías renovables e impone nuevas cargas a las compañías eléctricas, aunque éstas últimas resultarán compensadas al menos en parte con el aumento de otros ingresos que repercutirán en el recibo eléctrico. El Gobierno espera reducir los costes en 4.600 millones durante los próximos tres años, pero el ahorro no será inmediato y la luz se encarecerá con fuerza en enero. Según las organizaciones de consumidores, Industria ya les ha comunicado que 2011 empezará con una subida cercana al 9 por ciento. De confirmarse, la factura eléctrica de los hogares acumulará en cinco años un encarecimiento medio del 54,5%.

El incremento final de la tarifa para más de 20 millones de hogares (los usuarios de la llamada tarifa de último recurso) no se conocerá hasta el próximo lunes. Pero el ministro de Industria, Miguel Sebastián, dio a entender que no hay modo de esquivar la subida. Será como consecuencia del aumento de los costes energéticos (asociados al mayor coste del petróleo) y de otros incrementos en la retribución (pagos por capacidad) que recibirán las centrales térmicas. Sebastián quiso destacar que para cuatro millones de consumidores con derecho al llamado «bono social» (hogares con consumos mínimos, familias con todos los miembros en paro, pensionistas con bajos ingresos, familias numerosas...) la luz no subirá.

El encarecimiento de la electricidad, el desbocado «déficit tarifario» y su impacto en los hogares y en las empresas han llevado al Gobierno a mover ficha con urgencia para moderar los costes del sistema. El Ministerio de Miguel Sebastián lleva meses de contactos con el PP y con las empresas energéticas en busca de un acuerdo para revisar un modelo que se ha convertido, según opiniones recogidas en el sector, en una bomba de generar sobrecostes y multimillonarios desfases.

Así, a pesar de que la luz ha subido para los hogares el 9,6 por ciento desde 2009 -incluido el aumento del IVA de julio-, el denominado déficit tarifario (diferencia entre los costes del sistema y lo que pagan los consumidores) ronda este año los 4.000 millones de euros, 1.000 millones por encima del límite fijado por ley. Los incentivos que cobran los productores de energías renovables (5.800 millones este año, incluyendo las centrales de cogeneración) explican en buena medida el avance de un déficit que en total supera los 14.000 millones.

Con el propósito de detener la bola de nieve de la tarifa eléctrica, el Gobierno anunció ayer varias reformas en la gestión de los costes.

l El ahorro principal vendrá por el recorte de incentivos a las energías renovables. Tras un acuerdo para rebajar un 35% las primas de energía eólica y de otro análogo con los productores del negocio termosolar, se mete tijera con fuerza a las empresas fotovoltaicas, que, pese a cubrir una parte mínima de la demanda, reciben multimillonarios incentivos. El ahorro con el recorte de primas se estima en casi 3.400 millones en tres años, 2.220 correspondientes a la solar fotovoltaica.

l Se establece un nuevo «peaje a la generación», un gravamen que afectará a todos los productores. El sistema ingresará de ese modo unos 150 millones de euros al año.

l Se carga, asimismo, sobre las eléctricas el coste de los planes de ahorro y eficiencia energética y una ampliación a 2013 del «bono social», que hasta ahora garantizaba a los beneficiarios la congelación de la luz hasta 2012.

Ahora bien, las principales eléctricas se beneficiarán de un aumento del 72% en los «pagos por capacidad», el dinero fijo que reciben por tener disponibles sus térmicas y garantizar la seguridad de suministro. Esta factura, incluida en otra decisión reciente de Industria, alcanzará los 700 millones al año y ha sido negociada con las compañías.