Oviedo / Madrid,

M. M. / L. G.

La asociación de grandes consumidores de energía (Aege) ha advertido de que la reforma recién aprobada por el Gobierno para frenar el agujero económico del sistema eléctrico español (24.000 millones de deuda reconocida con las compañías, el llamado «déficit tarifario») puede conducir «al cierre definitivo de muchas de las instalaciones de la industria básica». El «lobby» del que forman parte, entre otras empresas, Arcelor, AZSA y Alcoa (las tres con fábricas en Asturias), da por seguro que la citada reforma se traducirá en un encarecimiento de la electricidad y, con ello, en severas pérdidas de competitividad en producciones para las que, en algunos casos, la factura energética supone más del 50% de los costes.

La reforma energética del Gobierno se ha limitado a una batería de impuestos sobre las compañías generadoras. Su objetivo es obtener unos ingresos extra (cerca de 3.000 millones al año) que frenen el avance del «déficit tarifario». Pero todos los agentes del sector energético -productores, consumidores y, privadamente, dirigentes públicos- consideran que tales impuestos acabarán repercutidos en el precio de la luz . Entre quienes lo ven así está la asociación Aege, dirigida por Fernando Soto. El colectivo ha destacado que un nuevo incremento del precio de la luz dañaría gravemente a la gran industria justo cuando, al hilo del desplome de la demanda nacional, la supervivencia de las fábricas españolas de muchas compañías multinacionales depende de su capacidad de competir en el exterior. La asociación ha alertado de las dificultades frente a rivales de Francia, Alemania, Noruega, Canadá, EE UU, Sudáfrica y China, países todos donde el consumidor industrial de luz «goza de un tratamiento específico que le supone un precio final menor».

La columna vertebral de la industria asturiana está bajo esa amenaza, según las empresas. El fabricante estadounidense de aluminio Alcoa ha hablado explícitamente de cerrar la fábrica de Avilés si no obtiene precios competitivos para la energía. Sobre Asturiana de Zinc y Arcelor también pesa el riesgo deslocalizaciones, según han denunciado empresarios y sindicatos. Los contratos bilaterales que las tres compañías tienen con las eléctrica y que se firmaron con la mediación del anterior Gobierno expiran a finales de 2012. Y no existe por ahora ninguna garantía de que tales contratos puedan ser renovados en condiciones que no disparen los costes de producción.

Severino García Vigón, presidente de la patronal FADE, suscitó un intenso debate en el último comité ejecutivo de la CEOE, celebrado el pasado día 19 y a cuyo presidente, Juan Rosell, le reclamó que exigiera al Gobierno una solución urgente a los precios eléctricos para grandes consumidores industriales. En esa reunión estaban presentes Santiago Zaldumbide, presidente de AZSA, y el asturiano Eduardo Montes, presidente de la patronal eléctrica Unesa, que expusieron sus posiciones enfrentadas. Vigón intervino para subrayar que las competencias reguladoras son del Gobierno y emplazó a Rossell a exigir medidas al presidente Rajoy.

Ayer, el ministro de Industria, José Manuel Soria, señaló en el Senado, a preguntas de parlamentario asturiano Isidro Martínez Oblanca, que su departamento está «buscando soluciones», tratando, dijo, de que se puedan renovar los contratos que tienen Alcoa, Azsa y Arcelor. Soria destacó también que se mantendrán la retribución del llamado «servicio de interrumpibilidad», que a la postre supone una rebaja de la factura eléctrica para las fábricas beneficiarias.