El conflicto en Argentina por la paralización de las obras de construcción de la segunda fase de la central térmica alimentada por gas de Vuelta Obligado sigue abierto y con dos frentes de negociación paralelos. Las compañías adjudicatarias de la obra (la asturiana Duro Felguera, la estadounidense General Electric y la argentina Fainse) reclaman al Gobierno un sobrecoste de 1.200 millones de dólares a causa -alegan- de las modificaciones introducidas en el proyecto y de la inflación del país, que ha supuesto sobrecostes en los materiales y los salarios. Según medios locales, las empresas y el Ministerio de Economía, que dirige Axel Kicillof, habrían pactado el reconocimiento de una desviación de 700 millones. Sin embargo, el ejecutivo aún no ha hecho pagos, lo que mantiene semiparada la obra y en riesgo de parada total en junio. A su vez, el Ministerio de Trabajo está mediando entre las empresas y el sindicato Ucroa, que amenaza con adoptar más medidas de presión -como el bloqueo que ya hizo de los puertos graneleros- si no se reactiva la obra, de la que dependen 1.300 obreros.
