El "chollista" ha vuelto con fuerza con la crisis. Asturias tiene, según las cuentas que maneja la patronal del automóvil Aspa, unos 360 talleres de reparación de coches que trabajan de forma ilegal, en la economía sumergida. Más de una treintena de ellos fueron expedientados, multados y cerrados durante el año pasado. "Son muchísimos, los ilegales representan como un 30% de los que funcionamos con todos los permisos en regla", asegura el presidente de la asociación empresarial, Rogelio Cuesta. En Asturias hay más de un millar de talleres de reparación legales.
La lucha de la patronal no cesa. Son los propios miembros de la agrupación quienes rastrean el terreno en busca de los ilegales. Sacan fotos de la ubicación del taller, se enteran de sus horarios, de quién lo regenta y toda esa documentación se la pasan a Aspa para que tramite las denuncias ante los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que son quienes se encargan de este tipo de casos.
"La colaboración con la Guardia Civil es total, y pone mucha voluntad, pero tenemos más problema con la justicia", explica Cuesta. En ocasiones, agrega, resulta complicado conseguir una orden judicial para inspeccionar estos talleres ilegales, aunque lo tengan totalmente documentado, sobre todo si el local se encuentra, como ocurre muchas veces, en un garaje de una casa particular. Es más sencillo lograr el registro si el "chollista" lleva su actividad ilegal, por ejemplo, en un polígono o en una ciudad y a la vista de todos, lo que también ocurre con frecuencia.
La patronal también critica que las sanciones para este tipo de actividades al margen de la ley suelen ser pequeñas. La multa máxima llega a los seis mil euros y acarrea el cierre del local. Otro problema que han detectado los miembros de Aspa es la facilidad con la que los "chollistas" suelen cambiar de ubicación para tratar de no ser detectados y burlar así a la Guardia Civil.
El perfil de los dueños de estos talleres ilegales es de lo más heterogéneo. La mayoría están regentados por personas que están en el paro y que no tiene el dinero suficiente para poner en marcha su propio negocio. Pero también los hay que están en manos de prejubilados o incluso de empleados en activo que una vez que acaban su jornada laboral dedican sus horas libres a trabajar en "B" para sacarse un dinero extra.
Las patronales y la Guardia Civil han incrementado durante los últimos años la colaboración para intentar poner freno a este tipo de actividades ilegales. Los registros a talleres y las denuncias se han multiplicado desde que comenzó la crisis. Según un cálculo divulgado por la asociación nacional, Anfac, el impacto económico de esta actividad irregular en Asturias es de 1,6 millones. En España, los cierres de talleres han permitido aflorar 130 millones de dinero negro, según Anfac.
