El impuesto de sucesiones vuelve a centrar el debate tributario en algunas comunidades, como presumiblemente también ocurrirá en Asturias en los próximos días en el contexto de la negociación presupuestaria. En Andalucía, el PSOE y Ciudadanos tienen conversaciones sobre una rebaja del impuesto, aunque hay diferencias relevantes entre ambas formaciones sobre el momento de aplicarla. En Aragón, el ejecutivo socialista de Javier Lambán suprimirá parte de las actuales ventajas que tienen los herederos aragoneses.

Asturias y Andalucía comparten, junto a Murcia, la condición de ser autonomías donde el impuesto de sucesiones es más alto, según el Registro de Economistas y Asesores Fiscales (Reaf). Un ejemplo de liquidación elaborado por fiscalistas señala que, para el caso de un contribuyente que hereda de su padre 800.000 euros, 200.000 de ellos correspondientes al valor de la vivienda habitual del fallecido, la factura tributaria asciende a 164.049 euros en Andalucía y en Murcia y a 162.619 en Asturias. Como muestra el gráfico adjunto, si ese mismo contribuyente reside en Cantabria, Madrid o La Rioja paga menos de 2.000 euros.

Asturias y Andalucía comparten además un tratamiento análogo para los legados más modestas. Cuando la base imponible (el valor de los bienes menos las cargas) es igual o inferior a 150.000 euros en Asturias y a 175.000 euros en Andalucía, el heredero queda exento de tributar, siempre que su patrimonio personal no exceda los 402.678 euros. Esta fórmula provoca en ambas regiones problemas de equidad, lo que también se ha denominado "error de salto". Supone que aquel heredero que supera en un sólo euro los límites citados (150.000 o 175.000) queda obligado a pagar por toda la herencia.

El acuerdo presupuestario recientemente alcanzado en Andalucía por el PSOE y Ciudadanos incluye una rebaja del IRPF (dos puntos en el tramo autonómico para las rentas inferiores a 60.000 euros) a partir del 1 de enero de 2016 y el compromiso de negociar una reducción o "modulación" del impuesto de sucesiones que no tiene fecha de entrada en vigor. Ambos partidos están de acuerdo en crear "un grupo de trabajo" para evaluar cómo sería esa reforma, pero en el debate sobre los presupuestos que se celebra estos días han aflorado discrepancias. Ciudadanos exige que los cambios que se negocien en de la citada comisión se apliquen dentro de 2016 por medio de una modificación presupuestaria. El Gobierno de Susana Díaz se resiste a ello y apuesta por aplazar a 2017 una posible rebaja u otras modificaciones normativas.

Los socialistas andaluces tienen las miras puestas en los cambios que a escala estatal se puedan producir en el impuesto tras las elecciones generales del 20 de diciembre y sobre todo en la revisión del modelo de financiación autonómica que el Gobierno central que salga de las urnas abordará presumiblemente ya en 2016. El PSOE aboga por una armonización del gravamen de sucesiones que evite las exenciones o bonificaciones generalizadas que aplican principalmente regiones gobernadas por el PP. La Federación Socialista Asturiana (FSA), que en la campaña electoral autonómica se comprometió a corregir el "error de salto", defiende esa armonización para cortar la competencia fiscal entre regiones y la fuga de patrimonios.

En Aragón, el Gobierno socialista de Javier Lambán, sostenido por una mayoría parlamentaria de izquierdas, suprimirá, para los herederos que superen cierto nivel de patrimonio, una deducción del 65% sobre la base liquidable que ahora aligera la presión del impuesto en la comunidad.