El último pleito pendiente por la reestructuración del grupo envasador español de Coca-Cola, y que supuso el cierre de la planta de Colloto en 2014, se ha resuelto a favor de la empresa. El Tribunal Supremo ha dictado sentencia desestimatoria del recurso de casación que presentaron los sindicatos UGT, CC OO y CSIF contra las medidas de movilidad funcional y geográfica y de modificación sustancial de las condiciones de trabajo que planteó la empresa en su expediente de regulación de empleo (ERE) como alternativas, de acogimiento individual y voluntario por los trabajadores afectados, al despido. El fallo considera que las medidas fueron legítimas y ejecutadas conforme a Derecho.

Aunque los tribunales anularon el ERE de Coca-Cola Iberian Partners en 2014, la Audiencia Nacional avaló en octubre de 2015 la legalidad de la clausura de las fábricas de envasado de Asturias, Alicante, Mallorca y Madrid, la última de las cuales fue reconvertida en centro logístico, al considerar que el cierre era irreversible antes del fallo que anuló el ERE. Trece trabajadores asturianos, de un total de 129, que mantuvieron la exigencia de recolocación en Colloto pactaron con la empresa su baja en noviembre.

Ahora el Supremo da la razón a la empresa sobre los cambios geográficos (traslados a otras fábricas del grupo en España), de funciones y de condiciones de trabajo. De los 129 empleados que la filial asturiana (Asturbega) tenía en Asturias y León, 48 continúan trabajando en la zona aunque no en tareas de fabricación, 16 se prejubilaron, 41 optaron por el despido y 22 aceptaron traslados, fundamentalmente al País Vasco y Galicia.

Con el fallo ahora conocido, los trabajadores afectados por las medidas de flexibilidad que acaba de avalar el Supremo no deberán ser repuestos en sus anteriores ocupaciones ni tendrán que ser resarcidos por daños y perjuicios porque, según el fallo, "el ofrecimiento de la empresa no contenía ninguna imposición de medidas de movilidad geográfica".

La empresa argumentó que con las medidas de flexibilidad ofrecidas se redujeron los afectados por el despido colectivo. Hubo 262 bajas indemnizadas, 323 prejubilaciones y 327 traslados.