La reforma del impuesto de sociedades anunciada por el Gobierno para reducir el déficit fiscal este año y tratar de evitar o atenuar al máximo la sanción promovida por la UE contra España por déficit presupuestario excesivo en 2015 es "un nuevo parche, con un evidente perjuicio para la tesorería de las empresas, que aportan liquidez al Estado con un dinero que debería estar en sus cuentas, no en la caja de Hacienda", aseguró ayer la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), en línea con el pronunciamiento de la patronal española CEOE.

Alberto González, director general de FADE, sostuvo que con esta decisión "se pone de manifiesto una vez más la necesidad de una reforma del sistema fiscal español que fomente la competitividad de las empresas, proporcione seguridad jurídica, apueste por la simplificación administrativa y la coordinación de las políticas tributarias central y autonómicas", así como "la necesidad de actuar de una vez por todas por el lado del gasto, con una gestión más eficiente de los recursos".

El Gobierno español pretende generar 6.000 millones de euros adicionales este año mediante el restablecimiento de tipos mínimos (aún no desvelados) en los pagos a cuenta del impuesto de sociedades a partir de "determinados umbrales", aún no especificados, pero que, según avanzó ayer el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, sólo afectarán a grandes empresas.

Rajoy aseguró que no se trata de una subida del impuesto, dado que no se elevan sus tipos, sino un aumento de los pagos fraccionados adelantados para las grandes empresas, sin que ello entrañe -dijo- que los sujetos fiscales paguen más en el cómputo final. El PP agregó que no hay por ello incumplimiento programático.

Sin embargo, el PP concurrió a las elecciones generales de hace 18 días con la promesa de bajar varios impuestos, incluido el de sociedades, y no hace ni un año que había retirado la medida que ahora pretende que restablezca el próximo Gobierno.

Rajoy también restó relevancia al temor de los empresarios, que ven en la medida una restricción de su liquidez. En este sentido se expresó, al igual que FADE, el presidente de la CEOE, Juan Rosell. El máximo dirigente empresarial español sostuvo que el alza de los pagos a cuenta del impuesto supondrá "menos y peor" financiación para las compañías y emplazó al Gobierno a que el sector público lo compense reduciendo su morosidad y acelerando los pagos a las empresas por servicios, prestaciones y obras. También reclamó una mejora de la gestión de la Administración pública, lo que es, dijo, "clave".

Rajoy replicó que la decisión tendrá poco impacto en las empresas, dado que las grandes compañías están mejorando sus beneficios el 12% y las retenciones se les redujo el 56%; que se trata de volver al sistema que ya estuvo vigente en 2013, 2014 y 2015, y que, con el nivel actual de tipos de interés ínfimos, las grandes empresas se pueden financiar "casi al 0%" con las emisiones de bonos corporativos.

En similares términos opinó el catedrático Manuel Lagares, que fue presidente de la comisión de expertos para la última reforma fiscal. Lagares dijo a la Cope que no supondrá "un coste importante para las grandes empresas" porque es sólo de un anticipo.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, sostuvo que se trata de un "nuevo engaño" del PP, y que la decisión de aumentar la recaudación en los pagos a cuenta se produce "días después de las elecciones a las que se presentó diciendo que no iba a subir los impuestos, sino que los iba a bajar". Según Sánchez, éste es "sólo el primero de los platos que vamos a ir viendo durante las próximas semanas y meses" si Rajoy es reelegido. El PSOE dijo que es "un parche que infla la recaudación temporalmente de forma artificial".

El comisario europeo Pierre Moscovici expresó que para que la multa sea cero España y Portugal deben dar "las respuestas que esperamos" sobre cómo van a contener sus déficits públicos.