La relación de proyectos que en 2014 elaboró el Gobierno asturiano para optar al nuevo programa europeo de apoyo a la inversión, el llamado "plan Juncker" (por referencia al presidente de la Comisión Europea) no ha entrado en los repartos del dinero, al igual que ha ocurrido con el resto de listas que, a través del Ministerio de Hacienda y por iniciativa de éste, hicieron las demás comunidades autónomas. Las autoridades europeas consideran que aquellas propuestas de las regiones españolas no encajan en la filosofía del "plan Juncker", que se basa en la captación de capital privado hacia proyectos que tengan atractivo y rentabilidad para los inversores.
Antes de diciembre de 2014 y ante la reunión del Consejo de Europa que entonces iba a abordar la creación del denominado Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE), el Gobierno español pidió a las autonomías que le enviaran con urgencia listas de proyectos. Asturias transmitió una formada por 45 propuestas que sumaban 883 millones de euros. La relación, que no ha trascendió en todos sus detalles, incluyó, entre otras actuaciones, la estación intermodal de la Zona de Actividades Logísticas de Asturias (Zalia), la conexión Bobes-San Miguel de la Barrera, el desarrollo de un "plan de movilidad inteligente" para el centro de la región, obras hidráulicas y de saneamiento, una red de recarga de vehículos eléctricos, instalaciones energéticas de biomasa y apoyos para las plantas de desnitrificación en las centrales térmicas, así como reformas para los hospitales de Cabueñes (Gijón), Riaño (Langreo), San Agustín (Avilés) y Jarrio (Coaña).
Fuentes de la representación de la Comión Europea en España explicaron que, finalmente, aquellas peticiones de las autonomías, incluidas las del Principado, no llegaron a considerarse. "Se entendió que se trataba de proyectos más propios de los fondos estructurales o de otras líneas de apoyo del Banco Europeo de Inversiones", explicó esa fuente. Los medios consultados en el Principado no precisaron si la Administración asturiana recibió algún tipo de respuesta formal, fuera de las instituciones europeas o del Gobierno central. En la elaboración de la lista participaron distintos departamentos del Ejecutivo asturiano, singularmente la Consejería de Fomento. Las gestiones con Madrid las realizó la Consejería de Hacienda.
Aquella documentación, indicó otra fuente conocedora de las instituciones europeas, "estará ahora en algún cajón". Según las explicaciones recabadas, la expectativa de que las regiones podrían financiar con el "plan Juncker" proyectos ordinarios de infraestructuras (carreteras, áreas industriales, obras de saneamiento...) se generó a partir de error en la visión que tenían algunos gobiernos nacionales, entre ellos el español, sobre la forma en que se repartiría el dinero.
Las autoridades nacionales de al menos parte de los estados miembros pensaron en un principio que el fondo se distribuiría a partir de una negociación política en el Consejo de Europa, de ahí las urgencias del Ministerio de Hacienda español para disponer de una relación de proyectos que presentar con la máxima celeridad. Lo apresurado del proceso en la confección de las listas de las autonomías recuerda el apremio con que, en los años 90 del pasado siglo, el Gobierno asturiano y los ayuntamientos también tuvieron que conducirse al presentar propuestas para los fondos mineros. En aquellas listas en las que entraron hasta boleras para los pueblos.
Finalmente, Bruselas desterró toda interferencia política en la selección de los proyectos, atribución que quedó en manos de un comité técnico de "expertos independientes", según el lenguaje de la Comisión. En sus documentos se habla así del proceso: "Los proyectos no podrán ser elegidos por motivos políticos. Los criterios de subvencionabilidad son estrictos y no hay cuotas por países o sectores concretos. Se trata de un aspecto fundamental para lograr que los inversores privados participen (...). La percepción de injerencias públicas de cualquier tipo disuadiría a los agentes privados".
Presumiblemente, la trayectoria de los proyectos de las regiones españolas se truncó a partir de ese momento, si bien no ha trascendido si llegaron a ser presentadas formalmente en Bruselas por el Gobierno central o no. En octubre del pasado año, la consejera de Fomento, Belén Fernández, daba a entender que, para el Principado, la lista asturiana seguía viva. En sede parlamentaria, y ante una pregunta del portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, la consejera ratificó que el Principado aspiraba a 883 millones en inversiones, 445 para el trienio 2016-2018.
La esencia del "plan Juncker" es la atracción de inversión privada para desarrollar proyectos de empresas o instituciones que sean "económicamente viables". Supone crear un fondo, respaldado por aportaciones de los estados y del Banco Europeo de Inversiones (21.000 millones de euros en total), que utilizará vehículos financieros (emisiones de deuda, garantías, capital riesgo...) para atraer a los inversores. Es un procedimiento de ingeniería financiera mediante el cual se aspira a que la inversión desarrollada sea equivalente a quince veces los recursos públicos empleados. Esto es, con 21.000 millones de partida, el plan pretende movilizar 330.000 millones en cuatro años. Según las cuentas que Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, expuso esta semana en Bruselas, el fondo ha beneficiado por ahora a doscientas empresas y respaldado la inversión de 160.000 millones de euros. El jefe del ejecutivo de la UE planteó también duplicar la potencia del programa, con el objetivo de alcanzar los 660.000 millones.
Las reglas del "plan Juncker" inciden en que los proyectos seleccionados deben ser innovadores, atractivos y viables, lo cual no excluye por sí mismo que se puedan incluir infraestructuras y equipamientos sanitarios u otros sociales. Pero el siguiente ejemplo tomado de un documento de la Comisión deja ver cuáles son los criterios dominantes: "La construcción de una carretera de peaje en un centro industrial podría atraer a inversores y, por tanto, ser financiada con mayor facilidad a través del FEIE; en cambio, es poco probable que la construcción de una carretera sin peaje en una zona rural atraiga a inversores privados".
