24 de enero de 2017
24.01.2017

El Principado ve irregularidades en alquileres de aulas de IFES-UGT

El Servicio de Empleo rechazó facturas de tres sociedades ligadas al sindicato y exigió la devolución de 347.600 euros

24.01.2017 | 01:47

El Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), fundación perteneciente a UGT, y la Administración asturiana mantienen un contencioso administrativo a propósito de presuntas irregularidades en la justificación de costes de cursos para parados. Es un pleito paralelo a la investigación de carácter penal sobre el uso de las subvenciones de formación y cuyo desenlace está congelado mientras se completan esas diligencias. En el orden administrativo, el Servicio Público de Empleo considera inadecuada la forma en que IFES-UGT cargó distintos gastos a las subvenciones, particularmente los alquileres de aulas, sobre los que también puso el foco la Fiscalía al apreciar indicios de prácticas delictivas.

Fue la fundación ugetista la que llevó al Principado ante el juez del contencioso administrativo contra una resolución que, en 2015, reclamaba a IFES la devolución de 410.184 euros. Esa fue la propuesta inicial de un expediente de revocación parcial de una subvención de 1,55 millones de euros que fue concedida en 2011 para desarrollar un programa de 41 cursos en el que participaron un total de 750 alumnos. Tras escuchar las alegaciones del citado instituto, el importe de la revocación bajó a 347.600. Hoy, la deuda que reclama el Servicio Público de Empleo y que IFES ha impugnado en los tribunales asciende a 403.504 euros.

El citado expediente se produjo cuatro años después de que la subvención fuera cobrada (de manera anticipada, como entonces era habitual con los fondos de formación) y a los tres años de que, en marzo de 2012, IFES presentara las facturas y otros documentos para justificar los costes de los cursos. Las comprobaciones de ese y otros programas se realizaron entre finales de 2014 y principios de 2015, cuando estaban en marcha las investigaciones iniciales de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y de la Fiscalía acerca de las subvenciones de UGT.

El expediente instruido por un técnico del Servicio de Gestión de la Formación para el Empleo y rubricado por el entonces consejero de Economía y Empleo, Graciano Torre (en calidad de presidente del Servicio Público de Empleo), aprecia "falta de justificación adecuada" en varios gastos, pero principalmente en los alquileres de aulas que IFES cargó a las subvenciones. De los documentos se infiere que se elevó indebidamente el coste de los arrendamientos o se incurrió en otras anomalías. Aparecen relacionadas con ellas sociedades del sindicato que también han sido investigadas en la causa penal. La primera de ellas es Localmur, empresa perteneciente a la UGT nacional y dedicada específicamente a actuar como intermediaria en los arrendamientos de aulas. El Principado detectó que, supuestamente, las rentas facturadas por el alquiler de instalaciones en Oviedo (en un centro ubicado en la calle Fuente de la Plata) superaban considerablemente los importes pactados en el contrato entre Localmur e IFES (23,01 euros por hora lectiva). Según el criterio de la Administración, se cargaron 58.475 euros de más por alquileres correspondientes a dieciocho cursos realizados en Oviedo. En algunos casos, la factura repercutida en la subvención ascendía a 17.653 euros, cuando el coste debió ser de 8.219.

Ante los jueces y en numerosas declaraciones públicas, dirigentes y exdirigentes de UGT han explicado los aparentes sobrecostes en los alquileres de locales asegurando que, además del arrendamiento de los inmuebles, los precios incluyen el gasto que supone el equipamiento (mesas, sillas, ordenadores en su caso...).

El informe del Principado cuestiona asimismo otros gastos de alquiler imputados por locales en Gijón y Castrillón por valor de 143.978 euros. En este caso, el expediente revoca todo el dinero correspondiente a esos arrendamiento, realizados a través de la sociedad Infastur (perteneciente a UGT-Asturias), al detectar que el contrato de alquiler en el que se basan no incluye "un precio cierto, determinado o determinable". El Principado elimina asimismo el pago de otros alquileres imputados de locales para cursos en Navia (por valor de 32.495 euros). También se eliminan de un golpe todas facturas de material es didácticos (85.918 euros) de la sociedad Formación 2020 (vinculada a UGT e investigada por el fiscal) debido a que IFES incumplió el requisito de aportar ofertas de otros proveedores para verificar que adjudicaba los suministros a precios de mercado.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

IBEX- 35