La llamada ley de segunda oportunidad, impulsada por el Gobierno hace dos años para tratar de rescatar a familias y autónomos que estén hasta el cuello de deudas, no está funcionando, sentenciaron ayer jueces y expertos en la materia durante unas jornadas celebradas en la Universidad de Oviedo. Uno de los principales puntos flacos de la medida, explicaron los magistrados, es que antes de llegar al juez se exige que el deudor llegue a un acuerdo extrajudicial con los acreedores. Ahí se produce un tapón que evita el objetivo final de la ley, que era ayudar al deudor a liberarse de cargas para que pueda empezar de cero. Pocos lo logran.
"Casi ninguna persona que va al acuerdo extrajudicial llega a un pacto. Estamos perdiendo el tiempo", aseguró Francisco Pañeda Usunariz, magistrado de la Audiencia Provincial de Valladolid. A modo de ejemplo, Jorge Caicoya, abogado y moderador de la mesa, aseguró que en las abundantes mediaciones en las que ha participado, la banca sólo se presentó en dos ocasiones.
En el debate, organizado por la Fundación Nagel, el despacho de abogados Caicoya Cecchini y la Universidad de Oviedo, se destacó que el acuerdo extrajudicial previo no es la única razón del fracaso de la ley. También pesa el desconocimiento de esta vía -parecida a los concursos de acreedores para las empresas- y que muchos de los que la conocen no se atreven a dar el paso por miedo a quedar señalados. Algunos partidos políticos ya han pedido la modificación de la normativa. Según explicó Carlos Martínez de Marigorta, magistrado del Juzgado mercantil número uno de Santander, hay una propuesta para reclamar que el plan de pagos esté acorde con las posibilidades económicas del deudor. También está en cuestión otro de los puntos calientes de la norma, que dice que en los cinco años posteriores a la exoneración de las deudas uno de los acreedores puede revocar el acuerdo si demuestra que el deudor actuó de mala fe o que ha obtenido importantes ingresos. De Marigorta apuntó que se intenta reducir el plazo a tres años.
Muchos de los problemas financieros de los autónomos o familias vienen de atrás. Raphael Nagel, de la Fundación Nagel, institución sin ánimo de lucro que ayuda a personas en riesgo de exclusión, aseguró que la banca no debería de dar un crédito a una persona que cobre menos de la que se considera que es la cuota mínima embargable. Sin embargo, señaló que aún son habituales los préstamos a personas con unos ingresos de 800 euros, aún sabiendo que el dinero no se va a poder recuperar. "Esos créditos deberían ser nulos, cuando los jueces empiecen a cancelarlos, como ya pasó en Alemania, avanzaremos", señaló.
En Asturias, según estudios, hubo 75 particulares que se acogieron en el primer trimestre a la ley de segunda oportunidad.
