Es un escándalo que está pasando casi de puntillas. El denominado "cártel del camión", el pacto entre los mayores fabricantes europeos de camiones para inflar el precio final de los vehículos entre 1997 y 2011, ha dejado unos 6.000 afectados en Asturias, y unos 200.000 en toda España. Pese a la magnitud de la cifra, los abogados de la región aseguran que hay muy pocos empresarios y autónomos que estén reclamando el reintegro de ese sobrecoste. La mayoría porque desconocen qué se puede hacer. El problema, advierten los letrados, es que los plazos comienzan a apurar ya que el 19 de julio está tachado en el calendario como la fecha límite en la que se puede pedir este resarcimiento económico por la vía extrajudicial habilitada por la Comisión Europea (CE), que fue quien destapó el fraude. El tiempo se agota. Pero si este camino no funciona, siempre quedará llevar el caso ante el juez. Aunque auguran que esa ruta puede tener alguna que otra curva.
Según explica el abogado Juan Carlos Rodríguez, del despacho ovetense Fides, el problema es que hay muchas compañías que tienen una flota relativamente pequeña con uno o dos camiones que no tienen ni idea de que pueden reclamar el dinero. Gota a gota, suman miles de afectados. Se trata, además, de un sector que está muy atomizado y que cuenta con un elevado volumen de autónomos. Hay muchos casos, por ejemplo, en el mercado de la distribución, añade el letrado. El sobrecoste que pactaron aplicar estos grandes fabricantes se situaba en torno al 20% del valor de los camiones de más de seis toneladas. Aunque el porcentaje iba variando. El precio de uno de estos vehículos ronda los 100.000 euros, con lo que se estima que el recargo era de unos 20.000 euros.
Silvia Ferrero y Nuria González, del mismo despacho de abogados de la capital asturiana, llevan días tratando de juntar a posibles afectados a base de llamadas a empresas del sector. Han contactado con más de un millar. Ya se han presentado algunas reclamaciones, pero los fabricantes aún no han respondido a ninguna de ellas.
El conocido como cártel de los camiones lo formaron, durante catorce años, cinco de los grandes fabricantes europeos. Se trata de MAN, Daimler, Iveco, Volvo (integrada ahora en Renault) y DAF. El único de los gigantes del sector que se quedó fuera del acuerdo fue la sueca Scania, aunque la Comisión Europea está investigando si también tuvo algo que ver. "Acabaron repartiéndose entre ellos el sobrecoste", asegura Rodríguez.
Para hacer la reclamación, ésta debe de estar acompañada de todos los papeles de la compra del camión. Otro problema. Porque en muchos casos hay que remontarse hasta operaciones que se cerraron en los últimos años de la década de los noventa del siglo pasado y se trata de vehículos que ni siquiera están ya en circulación, por lo que muchos empresarios ni siquiera los conservan. Eso sí, los letrados de Fides señalan que también sería posible reclamar intereses de demora a razón de un 5% por cada año.
También hay controversias con las fechas para hacer las reclamaciones, aunque el consenso entre los abogados es que la vía extrajudicial finaliza el día 19 de este mes, aunque ha habido algunos pronunciamientos por parte del Ejecutivo comunitario que han sembrado algunas dudas. El problema está en que la resolución de la multa, de 3.000 millones de euros, se conoció el 19 de julio del año pasado, por lo que hay un año de plazo para tramitar este tipo de reclamaciones, pero la sanción no se publicó en el Diario Oficial hasta el pasado seis de abril.
Lo que sí que ha cerrado de forma tajante la CE es la posibilidad de reclamar las ventas de camiones de segunda mano. Algunos despachos de abogados se han opuesto a esta decisión. Es el caso de Life Abogados que aseguran que el Gobierno europeo no explica por qué excluye estas operaciones, si en la práctica una parte del daño se ha trasladado también a los compradores de usados.
