José Luis Ortea, abogado madrileño que representó a uno de los contribuyentes que ha ganado un pleito al Principado sobre la valoración de inmuebles, denunció ayer que las distintas Administraciones autonómicas hacen esas valoraciones "a sabiendas de que son irregulares" y susceptibles de anulación en los tribunales de Justicia. Según esta versión, las Haciendas autonómicas aprovechan la ventaja que supone el hecho de que la mayoría de los contribuyentes eluden los juzgados y optan por pagar las liquidaciones complementarias que se les reclaman aunque existan diferencias económicas relevantes.
Los métodos de valoración objetiva de los inmuebles, a menudo referenciados al valor catastral, se crearon para reducir el riesgo de fraudes, de situaciones como aquellas en la que se declara un precio de compraventa de una vivienda inferior al real para tributar menos. Mientras los precios inmobiliarios permanecieron altos y en ascenso, sistemas de valoración como el utilizado por el Principado apenas generaron controversia. Esta se desencadenó con el hundimiento del mercado por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Los casos frecuentes de divergencia entre el precio de las operaciones de compraventa y el valor que determinaba la Administración, llevaron hace unos años al Principado a revisar su sistema de coeficientes, para adecuarlos a la evolución del mercado. Aún así, el método sigue generando litigiosidad en los tribunales.
