Lada, donde se levanta desde hace casi setenta años una de las cuatro grandes térmicas asturianas, y Velilla del Río Carrión, localidad palentina con una instalación semejante, pegada en origen como la langreana a las minas locales de carbón, son los primeros emplazamientos de una batalla que se está librando en el sector eléctrico español y cuyo contexto es la encrucijada en la que se encuentra la energía en España y en Europa: dar con el itinerario adecuado para llegar en el horizonte de 2050 a un sistema de generación eléctrica libre de emisiones de CO2 (dióxido de carbono, gas causante del cambio climático). Es un proceso que concierne a la calidad ambiental que heredarán las generaciones futuras, al suministro de energía y a la competitividad de la economía, y ante el que Asturias es singularmente vulnerable por los impactos que tendría un cierre acelerado de las térmicas.
La hoja de ruta hasta el objetivo de 2050, derivado de los compromisos de Europa para frenar el calentamiento del Planeta, está por escribir en las reglas que ya se negocian en Bruselas y en las leyes nacionales que las aplicarán en los países. Pero está interiorizado por los gobiernos y por las empresas eléctricas que se debe avanzar hacia una generación 100% renovable o casi (con tecnologías que aprovechan el agua, el sol, el viento y otras fuentes "verdes"), de modo que por el camino se extinguirá el uso de las centrales de hidrocarburos (carbón y gas natural) y, presumiblemente también, el de los grupos nucleares, pese a que no producen CO2. Las diferencias entre países y entre empresas sobre la velocidad y la forma de pagar tal proceso están aflorando ya. La decisión de Iberdrola de cerrar cuanto antes sus últimas centrales de carbón (Lada y Velilla) y el pulso que mantiene con el Gobierno central a cuenta de esa estrategia son reflejos de ello.
Las térmicas. ¿Qué mueve a Iberdrola a precipitar la clausura de dos instalaciones que son rentables y sin haber amortizado cuantiosas inversiones realizadas para cumplir los cada vez más exigentes límites legales de otras emisiones contaminantes (óxidos nitrosos y óxidos de azufre)? Ignacio Sánchez Galán, presidente de la eléctrica de raíz vasca, ha explicado tal decisión como un compromiso con la determinación en la lucha contra el cambio climático. "Es el momento de pasar de las palabras a la acción", manifestó el directivo salmantino en la reciente cumbre climática de Bonn. Sus manifestaciones son congruentes con la medula de la estrategia de mercadotecnia que tempranamente marcó Sánchez Galán en Iberdrola, poco después de entrar como consejero delegado en la compañía entonces presidida (2001) por Íñigo de Oriol y hoy la mayor eléctrica española: vestirse de verde, fomentar la imagen de que la compañía está en la vanguardia de la lucha contra la contaminación asociada a la producción de kilovatios. Tanto esta estrategia general como la reciente decisión sobre Lada y Velilla concuerdan también con el perfil directivo de Sánchez Galán, cuyo desempeño han conducido a menudo al choque público e individual con los gobiernos o con otras empresas. Una forma de librar los pulsos disruptiva en relación a las formas más comunes antes en el mismo sector, que frente a la Administración solía actuar en bloque y con menor exposición pública.
Detrás de la apuesta verde está el dinero. Todas las fuentes consultadas entre directivos y analistas del sector eléctrico confluyen en la opinión de que Iberdrola empuja hacia una "descarbonización" rauda porque tiene poderosos incentivos económicos para hacerlo. El primero de ellos es que para Iberdrola el carbón es ya un negocio muy residual, al contrario que para algunos de sus competidores en el mercado de la generación. Los 874 megavatios de potencia (capacidad productiva) que suman Lada y Velilla representan el 3,37% de los 25.933 que la compañía tiene instalados en España en las distintas tecnologías.
Las otras tres grandes eléctricas tienen un "mix" (reparto de potencia por tipos de central) con un peso claramente mayor del carbón: para Endesa supone el 21,5%; para EDP, el 24,5%; para Viesgo, el 21%, y para Gas Natural-Fenosa, el 15,8%. Prescindir de sus centrales a muy corto plazo supondría para estas compañías un coste mayor y podría erosionar sus cuotas de mercado en beneficio de la preeminencia de Iberdrola. De ahí que sobre todo EDP (propietaria en Asturias de la térmicas de Aboño y Soto de Ribera) y Endesa hayan desplegado planes de inversión para alargar la vida de sus centrales carboneras (adecuándolas a otras normas europeas sobre contaminación ya vigentes), con el propósito inicial de que funcionen al menos en parte hasta 2030.
Podrán cumplirse tales plazos si la llamada "transición energética" se hace por la vía gradual que quieren el Gobierno central, el Principado y un sector de las eléctricas, y no por la más rápida que preconiza Iberdrola y para la que esta compañía tiene, al igual que otras, otro potente incentivo: la posibilidad de rentabilizar las centrales de gas natural (ciclos combinados), que en su gran mayoría han registrado pérdidas estos años y que funcionan muy por debajo de su capacidad por la competencia de las centrales de carbón. Es un asunto que tiene una relación directa, indicaron fuentes técnicas, con el modelo de funcionamiento del mercado mayorista de la electricidad, allí donde a diario se marca el precio de la energía que consumen los hogares y las empresas.
El mercado. Instaurado a partir de la reforma eléctrica de 1996, con la que el entonces Gobierno del PP aceleró la "liberalización" del sector eléctrico español, el mercado tiene un esquema que los economistas llaman "marginalista". Una aproximación a su mecánica es la siguente: el precio se fija para cada hora del día con la ofertas que hacen las compañías generadoras y que aceptan las comercializadoras (a menudo sociedades que pertenecen a los grupos de las primeras); la demanda prevista se va cubriendo en razón a una jerarquía que, por razones tecnológicas y de precio, da prioridad a las energías nuclear, hidroeléctrica, eólica y otras renovables; si con todo ello no se cubren las necesidades estimadas para esa hora (por falta de viento, de agua u otras razones), entran en acción las centrales de combustibles sólidos, que tienen costes más elevados que el resto.
La principal particularidad del mercado es que el dinero que reciben las eléctricas por todos los kilovativos vendidos para una hora determinada (los nucleares, los hidráulicos y los de procedencia renovable, aunque estos reciben además una prima o subvención) lo determina el precio ofrecido por la última central en entrar, que es el más caro y que habitualmente corresponde a térmicas de carbón o de gas natural. Aunque los costes exactos por kilovatio de cada instalación y tecnología constituyen uno de los secretos mejor guardados del sector, por lo común las térmicas de carbón pueden ofrecer precios más bajos que los ciclos de gas (porque el combustible es más barato y porque la penalización por emitir CO2, mediante la obligación europea de comprar "bonos de carbono", es ahora pequeña).
Los ciclos. Así que, como el carbón gana frente al gas, tienen ventaja las eléctricas con más térmicas y pierden los que tienen más ciclos combinados ociosos. Y hay está otra de las situaciones que, argumentan los expertos consultados, guarda relación estrecha con los movimientos estratégicos de Iberdrola: a raíz de un magno despliegue que realizaron todas empresas en ciclos combinados y en energías renovables por indicación de los sucesivos gobiernos y también a consecuencia de la moderación de la demanda eléctrica ligada a la crisis, España tiene un gran excedente de capacidad de generación instalada -el índice de cobertura es del 1,4, cuando ya se considera óptimo para garantizar el suministro el 1,1- y los perdedores de esa situación son los ciclos de gas. Suponen más de 25.000 megavatios repartidos en más de 60 centrales que costaron por encima de 13.000 millones de euros y que apenas funcionan, salvo en períodos sin viento o extraordinariamente secos (con bajísima producción hidroeléctrica) como el actual. Los resultados de 2016 lo ilustran: los ciclos combinados tuvieron una utilización media del 13% (relación entre la producción y la capacidad disponible), frente al 48,5% de las térmicas de carbón.
De forma que si se cierran centrales de carbón, las de gas podrían dejar de ser un lastre económico para las empresas. ¿Quién se juega más en ello? El "mix" de cada empresa vuelve a sugerir respuestas: los ciclos combiandos suponen el 21,5% de la potencia instalada de Iberdrola (frente al 3,37% de las térmicas de carbón); hasta el 55% en el caso de Gas Natural-Fenosa (15,8% de carbón); el 38,4% en Viesgo (21% de carbón); el 28,5% en EDP (24,5% de carbón), y el 13% de Endesa (21,5% de carbón). Todas tienen intereses en que funcionen las centrales de gas, pero son mayores los de aquellas compañías que, como Iberdrola o Gas Natural, dependen menos de las térmicas carboneras.
El precio. Con el modelo de mercado que antes se ha descrito y en una situación regulatoria como la vigente, sustituir de forma súbita o acelerada las térmicas de carbón por las de gas reduciría las emisiones de CO2 (los ciclos combinados lo emiten, aunque menos que las térmicas), pero encarecería la electricidad, en la medida en que se pagaría más a esas centrales y también por cada uno de los kilovatios del conjunto de las tecnologías cuando el gas marcara los precios. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha alertado de que acabar de pronto con todas las térmicas de carbón elevaría un 15% el coste de la energía para el consumidor (el 7% el recibo doméstico, si se considera que el energía consumida supone la mitad del recibo antes de impuestos). De acuerdo con los medios consultados en las compañías eléctricas, es una estimación verosímil considerando los datos históricos del mercado.
Ahí entra la alarma del Gobierno central ante el movimiento estratégico de Iberdrola, inquietante para el equipo de Nadal, no tanto por la repercusión inmediata del cierre de Lada y de Velilla en los precios -porque esas centrales por sí mismas tienen una influencia residual en el mercado-, sino porque Sánchez Galán intenta abrir una puerta que conduce a un modelo veloz de transición energética, con impactos en Asturias y en otras regiones muy difíciles de digerir, y, sobre todo, con un riesgo de encarecimiento de la energía que, siempre según la versión gubernamental, comprometería la competitividad de la economía española y agravaría el problema social y político del precio de la luz para los hogares.
Álvaro Nadal intenta cerrar esa puerta con una intervención de alta intensidad en el negocio eléctrico: obligar a las compañías propietarias a poner a la venta sus centrales antes de cerrarlas mediante subastas. Un intento normativo de disuasión que ya está bajo la lupa de las autoridades de la UE por su posible colisión con los Tratados que preservan la libertad de empresa y contra el que, con seguridad, combatirá lberdrola.
