25 de enero de 2018
25.01.2018
La Nueva España

Varapalo a las térmicas: Competencia rechaza el plan del Gobierno para frenar los cierres

El decreto planteado por Nadal con el apoyo del Principado conculca el principio de libre empresa, según un informe Se podría prescindir ya del 30% de las centrales, dice la CNMC

25.01.2018 | 01:53
Por la izquierda, el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; el ministro de Energía, Álvaro Nadal; el presidente asturiano, Javier Fernández, y el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el pasado noviembre.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) infligió ayer un serio correctivo a la estrategia del Ministerio de Energía para evitar la clausura de la térmica de Lada y blindar al resto de las centrales ante el riesgo de una cadena de cierres acelerados. Un informe de ese organismo considera que la norma propuesta por el Gobierno central para preservar el funcionamiento de esas instalaciones -obligando a las eléctricas a venderlas o subastarlas en lugar de achatarrarlas- carece de base legal en España, conculca la libertad de empresa y es además contraria a la regulación que prepara la Unión Europea (UE) para la llamada "transición energética", el itinerario hacia un sistema bajo en emisiones de dióxido de carbono (CO2, gas responsable del cambio climático).

El informe de la CNMC es preceptivo (el Gobierno debe solicitarlo) y no vinculante (no frena por sí mismo la norma propuesta), pero deja ver los grandes obstáculos legales y también políticos a los que se enfrentan la continuidad de la térmica de Lada en primer lugar y el futuro a corto y medio plazo del resto de instalaciones semejantes. Es un asunto con enormes repercusiones para Asturias, como ha hecho notar el Principado, por la existencia en la región de cuatro grandes centrales carboneras y también por el encarecimiento de la electricidad que conllevaría el final prematuro del uso del carbón para la generación eléctrica. La competitividad de la gran industria asturiana, muy intensiva en gasto energético, quedaría comprometida y aumentaría el riesgo de más subidas para los hogares, según la misma opinión.

La CNMC cuestiona en primer lugar la urgencia que se invoca para justificar el real decreto propuesto por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, como respuesta al anuncio de Iberdrola de clausurar la térmica de Lada. La Comisión da en este capítulo un primer varapalo a las térmicas de carbón al subraya que el suministro de electricidad está garantizado en España hasta el año 2020 incluso en el supuesto de que de inmediato se prescindiera del 30% (3.000 megavatios) de todo el parque de térmicas de carbón. "Dado el contexto actual y las previsiones, no se detectan problemas de seguridad de suministro en el medio y largo plazo en España", señala el informe.

La ley del Sector Eléctrico determina ahora que sólo se pueden prohibir cierres cuando esté comprometida la garantía de suministro. De ahí que el departamento de Nadal, con el apoyo de los Gobiernos de Asturias y de Castilla y León, intente con su proyecto de decreto añadir que las clausuras también se pueden frenar (obligando a las compañías a vender o subastar las centrales, sean térmicas de carbón, nucleares u otras) cuando "son esperables efectos desfavorables en el precio de la electricidad" y "en la competencia ". Como quiera que las térmicas de carbón, con costes más bajos que las de gas natural, tienden a moderar los precios, una norma como la propuesta daría un blindaje regulatorio a esas instalaciones, empezando por la de Lada. Pero la CNMC plantea serias objeciones legales. "La posibilidad de condicionar la autorización de cierre por motivos distintos de la propia seguridad de suministro podría contradecirse con los principios de la libertad de empresa", recogida en la Constitución, segun el informe. Y se añade que, según los reglamentos que está elaborando la UE para el mercado interior de la electricidad, "las reglas deben permitir la entrada y salida de empresas de generación".

La CNMC añade un argumento no menor de técnica legislativa que además tiene enjundia política: no es jurídicamente viable utilizar una norma de rango inferior (real decreto) para modificar una ley (la del Sector Eléctrico). El Gobierno intentó promover un proyecto de ley, pero desistió al no contar para ello con el apoyo parlamentario del PSOE y de otros grupos políticos.

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