Asturias es la comunidad española donde mayor es la relevancia económica de las pensiones. Las transferencias que la región recibe por esa vía equivalen al 20% del producto interior bruto (PIB), proporción que no se alcanza en ninguna otra. Los ingresos de los jubilados actuaron durante décadas como colchón de rentas ante los procesos de recorte de las antiguas industrias básicas y han vuelto a hacerlo en la última crisis, manteniendo a flote a los hogares ante el hundimiento de los salarios por los despidos y los ajustes de la Gran Recesión (2008-2013).
Lo pueden ilustrar estos datos de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de Estadística: las pensiones contributivas inyectaron en Asturias el pasado año 4.544 millones de euros, 1.021 millones más que en 2008, mientras que la remuneración agregada de los asalariados (10.620 millones en 2016) sigue lejos de recuperar los niveles de entonces (12.060 millones en 2008).
El singular peso de las pensiones en Asturias tiene explicaciones demográficas y económicas conectadas entre sí. El Principado es uno de los territorios más envejecidos de España, rasgo que comparte con otros del Noroeste, y esa posición está relacionada con el devenir de la economía asturiana: el declive industrial que, sobre todo después de los años ochenta del pasado siglo, deprimió la tasa de natalidad (era de 16 nacimientos por cada millar de habitantes en 1975 y bajó de 6 en 1998), o el déficit de dinamismo en comparación con otros territorios durante las fases de crecimiento de la economía española, circunstancia que limitó el atractivo de Asturias como receptora de inmigrantes.
Una región que con frecuencia supone el 2% de otras cosas dentro de España (de la población, el PIB, el empleo...) tiene algo más del 3% de los pensionistas. Son 271.500 (como todos los habitantes de Gijón) y perciben casi 301.000 pensiones (parte de ellos tiene derecho a cobrar dos prestaciones, generalmente viudas que compaginan la pensión de jubilación o invalidez con la de viudedad). El número de pensionistas ha crecido moderadamente en Asturias en la última década (3% acumulado desde 2008), mientras en el conjunto de España lo hizo el 13%. La divergencia tiene que ver con el envejecimiento prematuro de la población asturiana, que había elevado más intensamente el número de jubilados en décadas anteriores.
Otro rasgo de las pensiones asturianas es el alto importe de la prestación media: 1.085 euros al mes, el 18% superior a la nacional. Es un promedio estadístico, no lo que cobra una mayoría de pensionistas. Cuatro de cada diez nóminas son inferiores al salario mínimo interprofesional (707 euros). Esa elevada cuantía de la pensión media, la tercera mayor del país, está ligada al perfil productivo de la región y al peso singular de actividades industriales donde las cotizaciones durante la vida laboral (al igual que los salarios) son por lo común altas. La pensión media creció desde 2008 un 25% en términos nominales (sin descontar la inflación). En ello influyó la jubilación de generaciones que tuvieron mejor acceso a la formación que las precedentes y que por ello a menudo tuvieron empleos mejor retribuidos.
Ese avance de la pensión media, sin embargo, se frenó sobre todo a partir de 2014, por razones derivadas de la crisis (las jubilaciones anticipadas forzosas de trabajadores que perdieron sus empleos y sufrieron penalización en la cuantía de sus pensiones) y, presumiblemente, también por los primeros impactos de las reformas que a partir de 2013 recortaron la generosidad del sistema. Asturias, la región donde más relevancia económica tienen las pensiones, es por ello también la más expuesta a las consecuencia de tales ajustes.
