La nueva ministra española de Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijo este lunes, a su llegada al consejo de titulares de Energía de la Unión Europea (UE) en Luxemburgo, que España dejará de "ser un lastre" en la lucha contra el cambio climático y se situará entre los países más ambiciosos. "Cambiamos de posición. España deja de ser un lastre y se alinea con aquellos países que tienen vocación de progreso, vocación de futuro", declaró Ribera.
La reunión servirá para que los Estados miembros de la UE debatan una modificación en su posición conjunta sobre los objetivos comunitarios en eficiencia energética y en renovables, baremos que luego deberán negociar con el Parlamento Europeo, que parte de unas tesis más ambiciosas.
Inicialmente, los veintiocho Estados miembros de la UE defienden el objetivo de mejorar un 30 % la eficiencia energética y de alcanzar una tasa del 27 % para renovables, frente al 35 % para ambos casos que pide de entrada la Eurocámara, con metas vinculantes para los países.
"Creo que las posiciones defendidas en el Parlamento Europeo son las más solventes: un 35 % en materia de renovables y un 35 % como objetivo de eficiencia energética", dijo Ribera, que alejará a España de los planteamientos conservadores en materia de medioambiente de Polonia, Rumanía o Hungría, y se situará junto a Francia, Suecia o Dinamarca.
Fuentes diplomáticas precisaron que España presionará para que el consejo alcance una posición del 34 % en renovables, en línea con la recomendación de la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA, por sus siglas en inglés), y pasar de un 30 % a un 33 % en eficiencia para 2030.Ese sería el objetivo ante la negociación con el Parlamento Europeo (PE) y la Comisión Europa (CE).
"El mensaje más relevante que traemos es que España viene a decir que dejamos de arrastrar los pies. Necesitamos alinearnos con los objetivos más ambiciosos en materia de renovables y de eficiencia energética porque es la única manera de hacer viable el cumplimiento del Acuerdo de París", subrayó la ministra.
El cambio en la política energética que preconiza el nuevo Gobierno español se plasma así en las negociaciones que en la UE se mantienen sobre la hoja de ruta de la llamada "descarbonización" de la economía. Y ello está conectado con los intereses energéticos de Asturias: para alcanzar el 34% o 35% renovable en el consumo final de energía, España debería hacer en los próximos años un magno despliegue de tecnologías "verdes" de generación eléctrica que reduciría el hueco de mercado de las centrales convencionales y podría acelerar el cierre de las de carbón.
El Gobierno saliente de Mariano Rajoy, con Álvaro Nadal como ministro de Energía, se alineó con las posiciones conservadoras del Consejo: partió defendiendo una transición más lenta, con una tasa del 27%, y luego se mostró abierto a llegar al 30% a condición de que se incrementara la capacidad de interconexión eléctrica entre países para favorecer los intercambios y paliar posibles subidas de los precios.
La nueva ministra Ribera llega con otros planes que confirmó esta mañana: alinearse con los países que defienden una mayor apuesta por las renovables y por tanto una "descarbonización" más rápida que la que postulaba el PP..
Esa posición del Gobierno de Pedro Sánchez ha avivado la preocupación del Ejecutivo asturiano y de algunas formaciones políticas de la oposición, como se puso de manifiesto el pasado viernes en la Junta General del Principado. Ante una pregunta del portavoz de IU, Gaspar Llamazares, el presidente Javier Fernández expuso que alcanzar el 35% renovable en el consumo de energía final en 2030 conllevaría que más del 70% de la generación eléctrica proceda de esas fuentes limpias. La participación de las energías renovables en la dieta eléctrica española ronda ahora el 45%. En el caso de Asturias, aportan apenas el 25% de la producción de kilovatios.
Una hoja de ruta hacia 2030 con esos objetivos de generación renovable aceleraría el final de las térmicas de carbón en la medida en que su participación en el mercado de generación se reduciría más rápidamente. Desaparecería también la posibilidad, ya remota ahora, de que las empresas invirtieran en alguna de las térmicas que no han sido adaptadas a la normativa ambiental para funcionar más allá de 2020.
