15 de junio de 2018
15.06.2018

Los fondos adicionales se deben destinar a renovables y a mejora de redes

15.06.2018 | 02:03

Por su parte el eurodiputado José Blanco (PSOE), que defendió la postura de la Eurocámara en el debate, afirmó que "el acuerdo consagra el derecho al autoconsumo de energía y el derecho a recibir una remuneración (lo que supone la eliminación del denominado "impuesto al sol") y además incluye fondos adicionales de la UE para facilitar la transición de las regiones dependientes del carbón".

Según el texto del acuerdo, esos fondos adicionales, cuyo importe no se especifica, irán destinados "a las regiones con uso intensivo de carbono" y hay que tener en cuenta que Asturias es la región con más emisiones de CO2 por habitante en España por el peso de las centrales térmicas y de la industria pesada. El eurodiputado asturiano Jonás Fernández señaló que la inclusión del fondo adicional respondió a la demanda del grupo socialista y precisó que "no se trata de compensaciones similares a los fondos mineros" sino que son ayudas para abordar la transición hacia una economía baja en carbono. En concreto las ayudas deberán destinarse principalmente a reducir el coste de proyectos de energía renovable, al desarrollo de redes inteligentes, a instalaciones de almacenamiento energético o a la mejora de las interconexiones eléctricas.

El plan energético

Para evaluar el impacto que la directiva de renovables tendrá sobre las centrales térmicas, sobre el precio de la energía y sobre el conjunto de la economía de en Asturias, Jonás Fernández señaló que primero habrá que ver la transposición que se hace de la directiva y el obligatorio plan nacional energético que de ella se derive.

Ayer mismo, las principales organizaciones ecologistas de España (Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF, SEO/BirdLife y Amigos de la Tierra) reclamaron al Gobierno de Pedro Sánchez que establezca ya un calendario para el cierre de las centrales nucleares y de carbón en 2025 y su sustitución por energías renovables. Esa fecha de 2025 es la que la ministra Teresa Ribera mantiene como "orientativa" para el cierre de las térmicas de carbón.

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