La actividad energética en Asturias, especialmente en su vertiente de producción eléctrica, tiene una alta capacidad de tracción económica, palanca de cambios tecnológicos, y generación de empleo de calidad en multitud de sectores asociados, provocando un impacto positivo sobre la renta de los territorios en los que se asientan las centrales generadoras, lo que repercute en ingresos para los municipios y para el sector servicios. Las directivas de la Unión Europea para la transición del actual sistema energético hacia un nuevo modelo renovable y sin emisiones netas supone un cambio radical y ambicioso, a la vez que un reto y una incertidumbre temporal.
Para el SOMA-FITAG-UGT, es fundamental abordar estos procesos sin perder de vista el riesgo que supone para Asturias, en general, y para las comarcas mineras, en particular. Y, sobre todo, tener meridianamente claro que no nos podemos permitir el lujo de prescindir del único recurso abundante, propio, y en condiciones de ser competitivo, del que disponemos, máxime cuando, a día de hoy, las tecnologías renovables no son capaces de sustentar nuestro sistema eléctrico, por muchas curvas de aprendizaje, avances en materiales, en tecnología, incluida la de acumulación, en procesos, y todo lo que se nos quiera vender, porque en este momento no lo son. Lo serán, estoy seguro, pero de momento no lo son.
En las últimas semanas estamos asistiendo a un debate sobre la transición y el modelo energético avivado por el cambio de Gobierno y la creación de un nuevo Ministerio de Transición Ecológica, y desde el SOMA-FITAG-UGT nos gustaría hacer algunas consideraciones.
Si por transición entendemos paso de un modelo a otro (da igual a qué nos estemos refiriendo), debemos asociarlo inmediatamente a tránsito sosegado, y por tanto a tiempo. Si además complementamos con diálogo, negociación, pacto, consenso, obtendremos, de esa asociación de tiempo y consenso, la calificación de justa.
En el SOMA-FITAG-UGT siempre hemos venido defendiendo una transición energética justa, considerando justa aquella que garantice todos y cada uno de los empleos existentes, que no penalice aún más a los territorios mineros, y que respete los plazos temporales acordados de proporcionar una energía neutra en carbono (que no en carbón) para el año 2050, pero sin adelantar dichos plazos de manera caprichosa y por presiones lobistas.
Defendemos una transición energética que vaya en la línea de aprobar mecanismos de capacidad cuyo objetivo sea garantizar la seguridad del suministro eléctrico, como los seis mecanismos de capacidad aprobados recientemente por la UE y que afectan a más de la mitad de la población europea.
Es conocida la reivindicación del SOMA-FITAG-UGT sobre la necesidad, mientras llegamos al año 2050, de acordar un pacto de Estado por la energía, que sea sostenible, creíble y consensuado, que recoja con realismo y rigor el escenario energético y económico de los próximos años, un mix eficiente de generación, donde todas las energías tengan su presencia, cada una en su justa medida, incluido el carbón nacional.
Un pacto de Estado por la energía que modifique la acción del anterior Gobierno del PP, y que no permita que continúe el incumplimiento sistemático del "Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras para el periodo 2013-2018", también en lo concerniente a los fondos de reactivación, de los que hoy, a mediados de 2018, ninguna comunidad autónoma ha recibido ni un euro de los 250 millones comprometidos, frente a la realidad de otros sectores, como puede ser el rescate de ocho de las nueve autopistas radiales de peaje, con una estimación de gasto de unos 4.500 millones de euros.
La planificación energética de un país es una responsabilidad política, ya que hablamos de un bien o servicio esencial y estratégico para el desarrollo de la actividad económica de las empresas con serias repercusiones territoriales en el empleo y la vida cotidiana de los ciudadanos. Son los poderes públicos, y no los intereses particulares de ciertas empresas energéticas, los que deben preservar el equilibrio entre el interés ambiental, económico, técnico, social y territorial.
Y a esos poderes públicos, desde el SOMA-FITAG-UGT les reclamamos que apliquen medidas legales para mantener operativas las centrales térmicas que sean precisas con el fin de disponer de una garantía de suministro estable y, en paralelo, obtener la consideración del carbón autóctono como reserva estratégica, y con ello su presencia en el mix de generación eléctrica más allá de 2020.
Que se recuperen las inversiones paralizadas por el anterior Gobierno del PP para, como se está impulsando en otros países y a través de distintos programas de ayudas de la UE, desarrollar tecnologías de captura y almacenamiento de CO2 que permitan compatibilizar el uso del carbón autóctono con las exigencias medioambientales de lucha contra el cambio climático, y que se apoye a la empresa estatal Hunosa a continuar desarrollando su actividad en la CT de La Pereda, incluyendo su investigación en captura y almacenamiento de CO2, de manera que su planta piloto pueda ser desarrollada a nivel industrial.
Para el SOMA-FITAG-UGT la defensa de nuestro carbón, la defensa del carbón autóctono dentro del mix energético, conlleva la defensa, implícita y explícita, de la continuidad de las centrales térmicas. La defensa del carbón autóctono dentro del mix energético resulta fundamental para mantener el precio de la electricidad para las familias y la competitividad de las empresas. La defensa de nuestro carbón dentro del mix es, asimismo, la defensa de las personas y familias de las cuencas mineras, de su principal industria y fuente de actividad y lucha contra la despoblación y pobreza de los territorios.
Nosotros no vamos a caer en la resignación, ni a entregarnos. Defenderemos estos sectores como siempre lo hemos hecho, desde el diálogo, con la negociación, pero sin renunciar a la presión ni a la movilización.
Somos conscientes de la necesidad de una transición energética, pero también de que ésta debe ser equilibrada, ordenada en sus objetivos y adaptada a las necesidades particulares de cada territorio, bajo denominadores de sostenibilidad técnica, ambiental, económica y social.
