El Gobierno socialista de Extremadura se ha sumado a sus correligionarios de Asturias y Aragón en el rechazo a una transición energética acelerada hacia un predominio de las fuentes renovables.

Aragón y Asturias ya pidieron a la nueva ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, un encuentro para defender la continuidad durante su vida útil de las térmicas que queman carbón una vez que la responsable ministerial manifestó públicamente, horas después de que llegara al Gobierno, que este tipo de instalaciones y el carbón como fuente energética tienen "poco futuro".

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, aseguró el jueves en el parlamento autonómico que se opondrá al cierre en 2020 de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) si no se compensa al territorio con un plan alternativo para impulsar la zona.

La ministra había dicho que las centrales de carbón tienen poco futuro por razones ambientales y que lo que hay que abordar son planes compensatorios para ofrecer tratamientos paliativos al impacto económico y social del cese de su actividad

A diferencia de Javier Fernández (Asturias) y Javier Lambán (Aragón), que se opusieron al secretario general del PSOE y actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y mantienen una prudente distancia con el líder del partido, Fernández Vara, aunque militó en las filas opositoras al sanchismo, nunca llegó a quebrar los contactos y en la actualidad forma parte de la dirección federal del PSOE como presidente de su consejo territorial.

El plan ambiental del ejecutivo socialista, diseñado por un comité de especialistas en la materia, plantea la supresión del carbón como fuente primaria del sistema de generación eléctrica en el horizonte de 2025 y el abandono de la energía nuclear a medida que las centrales alcancen 40 años de actividad, lo que se producirá entre 2020 y 2024.

Amén del impacto directo en el empleo de las centrales térmica y de las minas, los cierres de las centrales de carbón impactarían en el puerto de El Musel y en el sector del transporte (dado que muchas plantas se alimentan con mineral extranjero), y se teme además un encarecimiento adicional de la energía, a cuyo precio son muy sensibles grandes fábricas asturianas como las de Arcelor-Mittal, Alcoa y Azsa.