La equiparación tributaria del gasóleo con la gasolina, una medida fiscal en estudio por el Gobierno, supondría un desembolso adicional de algo más de 17,64 millones de euros anuales para el conjunto de los asturianos que utilizan este carburante y de 777,69 millones para el total de los usuarios españoles.
Según un estudio difundido ayer por el portal especializado en ahorro Kelisto, el gasto medio anual por vehículo pasará de 670,16 euros por usuario en España a 748,8 euros, mientras que para el consumidor asturiano, con un gasto actual análogo por término medio al del promedio nacional (670,16 euros), el incremento será menor y supondría, de entrar en vigor la medida (y suponiendo precios estables del petróleo), un sobrecoste de 726,8 euros.
Esta diferencia se explica porque la revisión tributaria sobre el gasóleo tendría dos componentes: un alza del impuesto sobre hidrocarburos de 9,5 céntimos por litro y otra subida de hasta 4,8 céntimos para equiparar el impuesto autonómico sobre los combustibles de automoción. Asturias y otras diez comunidades tienen actualmente un tributo autonómico específico que no está vigente en otros seis territorios regionales.
Como consecuencia de estos efectos, equiparar la fiscalidad que grava el diésel con la de la gasolina supondría un encarecimiento del 8,5% en Asturias (el octavo menor) y del 9,8% de media en el conjunto del país. El cambio de tributación impactará en España a 13 millones de vehículos en circulación.
El sobrecoste total para los automovilistas asturianos representaría el 2,27% del gasto extra que tendría que asumir el conjunto de los usuarios españoles, lo que supone una proporción ligeramente mayor al peso demográfico de Asturias en España (2,20%).
La equiparación tributaria del gasóleo y la gasolina es una medida con fines recaudatorios y también ambientales. Se considera que el menor gravamen al gasóleo en España es una subvención a este combustible, y las directrices de la Unión Europea y la recomendación de los expertos sobre cambio climático que nombró el anterior Gobierno, del PP, emplazan a que la baja fiscalidad incentive el uso de energías limpias y no premie a las contaminantes.
