El abogado Miguel Ángel Martínez-Aroca (Murcia, 1970) preside la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), que reúne a más de 5.000 españoles que quisieron sacarle rentabilidad al sol aunque muchos se quemaron. Ahora está convencido de que no habrá más sombras. Acaba de visitar Asturias para destacar el brillo que puede aportar el sol en el candente debate de la transición energética.
-Cambio de Gobierno y cambio de escenario energético.
-Llevamos diez años de auténtico sufrimiento. Hay 65.000 familias españolas que el único pecado que cometimos fue confiar en la seguridad jurídica del BOE. Hemos soportado recortes retroactivos cercanos al 50%, un impuesto a la generación que grava tanto la contaminante como la renovable con el 7% y una estigmatización social de los que habíamos invertido en las renovables, como si fuéramos gente que buscaba una rentabilidad desorbitada. En vez de que el Estado nos agradeciera el esfuerzo para abordar esas inversiones a las que el Estado estaba obligado por el Protocolo de Kioto y el acuerdo de París, fue justo lo contrario, nos señaló como las responsables del déficit de tarifa y las causantes de un agujero económico al sistema eléctrico.
-No le preguntaba por el pasado.
-Han pasado diez años desde la construcción de los parques solares, muchos se han quedado por el camino y hoy tenemos 4.600 megavatios de potencia fotovoltaica instalada en España y todos los que hemos invertido hemos tenido que refinanciar créditos en diversas ocasiones ante los nueve cambios normativos que sufrimos y lo hemos hecho porque sabíamos que teníamos que aguantar, porque el camino era justo y hacíamos un bien a nuestro planeta, a nuestro país y a las generaciones venideras.
-Vamos, que deseaban un cambio político como el que se ha producido.
-Ahora el escenario, sin duda, va a cambiar, porque hay convenios internacionales como el acuerdo de París, que son vinculantes para los Estados miembros, y hay directivas europeas claras y con sanciones importantes para los incumplidores que van a hacer que haya que construir nuevos proyectos renovables, nuevos parques fotovoltaicos, y haya que instalar autoconsumo en viviendas e industrias.
-El nuevo Gobierno se situó con los países más ambiciosos en la negociación de la directiva de renovables.
-En quince años no se llegó al 20% de cuota de renovables y en otros diez ahora tenemos que incrementarla un 12%. No habrá nuevas centrales hidráulicas, porque tenemos los pantanos que tenemos, y llegar al 35%, como pretendía el Gobierno, es un objetivo muy importante.
-Esos objetivos habrá que plasmarlos ahora en la ley de transición energética española.
-No nos vale que el nuevo modelo energético sea solo renovable, que tiene que serlo, sino que además sea social y distribuido. Es decir, que no controlen el modelo de renovables las cuatro compañías eléctricas de siempre, sino que miles de familias, pymes y autónomos sean los actores.
-Habría que cambiar el modo de acceso al negocio.
-Eso se llama legislación. El Gobierno tiene esa herramienta para decidir el modelo. ¿Queremos que sea participativo o exclusivo? ¿Social y distribuido o verticalmente integrado y controlado?.
-Parece que el "impuesto al sol" se va a eliminar.
-Eso camina hacia la democratización de la energía porque va animar a muchas familias y empresas a incorporarse como actores al sistema eléctrico. El impuesto al sol penalizaba la rentabilidad, la amortización, hacía que la inversión no fuera atractiva porque tardabas muchísimos años en recuperarla. Eliminando ese impuesto nos vamos a unos plazos de amortización de seis o siete años, no quince mínimo como ahora.
-La transición energética, en regiones como Asturias, ¿es un riesgo o una oportunidad?
-Una oportunidad, sin duda, y debe ser una transición justa, que no deje familias abandonadas. A nosotros en su día se nos abandonó y no queremos que ocurra eso con las familias cuyo medio de vida es el carbón. Las cuencas deben tener cierto tratamiento especial en los nuevos proyectos de renovables y hay que invertir en formación para que las personas que viven del carbón se amolden a esa transición en el modo de producir energía que no debe ser dolorosa.
-Se habla del impacto que puede tener el cierre de las térmicas en el precio de la energía en una región con industria electrointensiva y preocupa si el ritmo de transición será digerible.
-Si por digerible entendemos una década más, ya le digo que no puede ser; si entendemos dos, tres o cuatro años, no es una muerte radical. Pero no se puede ir más allá de los plazos que la normativa europea está barajando para España. Eso se conoce desde hace tiempo, nadie puede decir que desconoce que se van a cerrar todas las térmicas de carbón. Los plazos los marca la norma europea y lo que planteamos es que no haya un drama, que los espacios que se han dedicado al carbón tengan cierta prioridad si desean instalar renovables y que las infraestructuras tan costosas de evacuación que ya están hechas y pagadas, y que quedarán sin uso tras el cierre de las térmicas, puedan aprovecharse.
-¿Sería viable la energía fotovoltaica en Asturias?
-Asturias tiene un 15% más horas de sol que Alemania y las mismas que Francia. Alemania tiene 40.000 megavatios de fotovoltaica y Asturias uno. Hay margen para que Asturias incorpore megavatios de fotovoltaica sustituyendo los de las térmicas de carbón.
-En las últimas subastas, con paquetes de fotovoltaica, no hubo proyectos en Asturias.
-Porque ningún empresario quiso optar a la adjudicación. Las subastas que hizo el PP fueron injustas porque daban prioridad a las grandes empresas. En igualdad de oferta de precio, a mayor tamaño de empresa y más megavatios solicitados se expulsaba a las pequeñas iniciativas. La subasta hizo que se concentrara la adjudicación en torno a las grandes compañías eléctricas y grandes empresas como Cobra, de Florentino Pérez.
-¿Y cómo debería ser la vía de entrada al sistema eléctrico?
-La ministra Teresa Ribera tiene que dar prioridad a ciertas comarcas que pueden quedar abandonadas a su suerte en la transición energética. No es ilegal una reserva expresa para ciertas zonas.
-Dudo que la Comisión de Competencia lo viera bien.
-Ya se hecho con las islas.
-Pero es por su insularidad.
-Tienen una serie de beneficios que no tiene Murcia, con las mismas horas de sol que Canarias. No es contra norma que se analicen ciertas ubicaciones y problemas y se de una salida a esos territorios reservándoles "x" megavatios de potencia exonerándolos de pasar por una subasta al mejor postor.
