Unidos Podemos se pone a la cabeza de la descarbonización exprés y hará valer su fuerza en el Congreso para exigir al Gobierno del PSOE que todas las térmicas de carbón cierren antes de 2025. La coalición presentará hoy en el Congreso una Proposición de Ley de Cambio Climático y Transición Energética con la que insta a la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a pisar el acelerador de la descarbonización, lo que podría tener efectos letales para la economía asturiana, según ha alertado el Gobierno del Principado y las organizaciones empresariales y sindicales de la región.

La ministra Ribera manejaba como fecha "orientativa" para el cierre de las térmicas 2025 y ahora Unidos Podemos -que aupó a Pedro Sánchez a la presidencia- quiere que no dé ni un paso atrás y que antes de que acabe ese año no quede ni una central de carbón en España. Y ello para alcanzar unos objetivos de reducción de emisiones y de penetración de renovables mucho más ambiciosos de los que se están acordando en Europa. Así, frente al 32% de consumo final de energía con renovables que se pactó en la UE para 2030, Unidos Podemos eleva el objetivo en España al 40%.

La redacción del texto de la Proposición de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que presentará hoy en el Congreso Unidos Podemos (del que forman parte entre otros Podemos, IU y los ecologistas de Equo) ha generado tensiones en la coalición. Fuentes del grupo parlamentario reconocieron ayer que desde Asturias se pedía menor contundencia con respecto al carbón.

El borrador de la proposición, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, señala que de acuerdo con los objetivos de reducción de emisiones y de penetración de renovables en el sistema eléctrico y considerando también sus efectos sobre la salud, "se procederá al cierre progresivo de las centrales térmicas que usan carbón para generar electricidad, empezando por autorizar el cierre de las centrales que ya lo han solicitado voluntariamente", lo que supondría, por ejemplo, la clausura inmediata de la central de Iberdrola en Lada. Además señala que "la fecha límite para cerrar la última central de estas características será el 31 de diciembre de 2025" y afirma que en esa fecha "se habrán garantizado los criterios de creación de empleos alternativos" que incluye su propuesta dentro del epígrafe de "transición justa".

En concreto proponen que los propietarios de las térmicas tengan que comunicar la fecha del cese de actividad al menos dos años antes de que este se produzca para que se active un proceso de negociación entre el Ministerio, la comunidad autónoma, los ayuntamientos, las eléctricas y los sindicatos para que en seis meses se elabore un plan de reactivación que deberá incluir la reubicación de trabajadores de la central en la misma empresa; una alternativa de empleo local en sectores sostenibles, un Fondo de Financiación Verde (de un mínimo de 170 millones anuales) que será gestionado por las regiones y ayuntamientos, un plan de restauración de terrenos afectados y proyectos de I+D sobre aplicaciones alternativas del carbón, para lo que "se mantendrán abiertos únicamente los pozos estrictamente imprescindibles para la realización de estas labores".