El Catastro ha rastreado Asturias desde 2013 en busca de fincas, construcciones o partes de ellas cuyos propietarios no tributan por el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), y continuará haciéndolo al menos hasta fines de año. Los plazos de la denominada "regularización catastral" han sido extendidos seis meses en 24 concejos de la región, principalmente situados en las comarcas mineras y en el Occidente.
Una resolución de este verano incluye a esos territorios entre los más de 1.200 de toda España donde va a seguir viva la búsqueda de inmuebles irregulares utilizando medios como inspecciones sobre el terreno y fotografías aéreas tomadas por drones. La relación de municipios afectados en Asturias (ver gráfico superior) comprende catorce concejos del Occidente, entre ellos Tineo y Cangas del Narcea, y cuatro de las comarcas del Caudal y del Nalón, con Mieres y Langreo a la cabeza. Del litoral aparecen Carreño y Gozón. El resto son Grado, Bimenes, Ponga y Quirós.
La "complejidad"
Todos esos lugares fueron incluidos en una fase del rastreo catastral que se anunció en diciembre de 2016 y que en un principio tenía como plazo límite noviembre de 2017. La Dirección General del Catastro amplió primero el plazo hasta el 1 de julio de este año y, más recientemente, hasta el 31 de diciembre. Lo ha hecho argumentando "la complejidad de las actuaciones desarrolladas (...) para comprobar la adecuación de la concordancia de las descripciones catastrales de todos los bienes inmuebles urbanos y rústicos de los municipios indicados con la realidad inmobiliaria".
La regularización catastral es un procedimiento que puso en marcha el anterior Gobierno del PP en plena crisis para combatir la evasión del IBI y mejorar la recaudación de los ayuntamientos, que entonces atravesaban un momento financieramente crítico. El procedimiento se inicia cuando el Catastro localiza inmuebles o mejoras realizadas en ellos (por ejemplo, la construcción de una cochera o una piscina) que no están declarados. A continuación los propietarios son conminados a pagar una "tasa de regularización" (60 euros por inmueble) y su ayuntamiento les cobran los recibos del IBI pendientes y no prescritos (los de los cuatro años anteriores).
Según datos del Ministerio de Hacienda, hasta ahora los rastreos catastrales han sacado a la luz en 54 concejos de Asturias más de 45.000 propiedades o partes de ellas por los que no se tributaba. La relación incluye 900 piscinas privadas. En el conjunto del país, la recaudación de la tasa de regularización supuso más de 100 millones de euros, 2,7 millones en la región.
