El "crack" de las pensiones en Asturias: hay sólo un cotizante por cada jubilado

Asturias y Baleares ocupan los dos extremos del sistema público de pensiones si se clasifica a las comunidades autónomas de acuerdo con los recursos que aportan a través de las cotizaciones sociales de sus empresas y trabajadores y los que reciben en prestaciones los jubilados. El Principado es el territorio con mayor desfase entre aportaciones y gastos, mientras el archipiélago balear es, en términos relativos, el principal contribuyente. La distancia se puede expresar también con la denominada tasa de dependencia, uno de los indicadores para medir la sostenibilidad de las pensiones: Asturias tiene 1,34 cotizantes a la Seguridad Social por cada pensionista; Baleares más que duplica esa tasa (3,43).

El sistema de pensiones español es de reparto y de caja única. Supone que las prestaciones de los jubilados se pagan en cada momento con cargo a las cotizaciones de los trabajadores en activo, y que los ingresos y gastos están centralizados en un organismo nacional. Esto es, se producen transferencias de recursos de unos individuos a otros y de unas generaciones a otras, pero no exactamente entre territorios. No obstante, los saldos autonómicos de la Seguridad Social permiten identificar los lugares donde el modelo español, con un déficit que este año puede superar los 20.000 millones de euros, es particularmente vulnerable o, al contrario, presenta fortalezas por la consistencia de los ingresos. Asturias y Baleares son paradigmas de esas dos situaciones opuestas.

Asturias. Los expertos suelen considerar que las pensiones son financieramente insostenibles por debajo de una ratio de dos trabajadores en activo por cada pensionista. Según datos del mes de junio recogidos por Efe, España tiene el equivalente a 2,17 cotizantes por cada beneficiario de las prestaciones públicas. Pero hay siete comunidades cuya tasa de dependencia está en niveles de alto riesgo: Castilla-La Mancha, País Vasco, Extremadura, Cantabria, Castilla y León, Galicia y Asturias. Son las regiones con mayores índices de envejecimiento demográfico, un mal al que en Asturias se añade la baja tasa de actividad (participación de la población en el mercado laboral). El reflejo en las cuentas de la Seguridad Social es el siguiente: los 2.077 millones de euros que el citado organismo ingresó por cotizaciones en Asturias en 2017 dieron para pagar apenas el 47% del gasto en las prestaciones (4.433 millones) que cobran los casi 272.000 pensionistas de la región.

Baleares. Las pensiones se financian con las cotizaciones, con aportaciones procedentes de los impuestos generales (los complementos a mínimos) y últimamente con deuda pública (15.000 millones en préstamos para este año). La gran mayoría de las comunidades presenta números rojos si se comparan cotizaciones y gastos gastos. Hay tres excepciones Madrid, Baleares y Canarias. Favorecida por la capitalidad y por el dinamismo económico que conlleva, los ingresos de la Seguridad Social superan en un 10% al gasto en pensiones en Madrid, a pesar de que los ingresos medios de los jubilados son allí de los más altos del país. El saldo positivo de Baleares y Canarias tiene que ver, por el lado del gasto, con las bajas pensiones que perciben los jubilados de ambos archipiélagos, rasgo que a su vez se explica por la altísima especialización en el negocio turístico, donde las bases de cotización son más modestas que en la industria o en la construcción. En el caso balear, el contenido gasto en pensiones (2.117 millones, la mitad que en Asturias) coincide con tasas de actividad laboral de la población muy altas. En esta comunidad mediterránea, que supera en unos 70.000 habitantes al Principado, hay 568.000 afiliados a la Seguridad Social, casi 200.000 más de los que tiene Asturias (364.000 en junio).