Las industrias con grandes consumos eléctricos (electrointensivas) desconocen por el momento las condiciones de la próxima subasta del servicio de interumpibilidad -el mecanismo que se utiliza en España para aligerar la factura de tales compañías- y cuáles serán, en su caso, los cambios que planteará el Gobierno. A dos meses de que expiren las asignaciones de la última convocatoria, la incertidumbre sobre la regulación ha elevado la preocupación de los gestores nacionales de este tipo de plantas, entre ellas las asturianas de Azsa, Arcelor o las cementeras de Corporación Masaveu.
"Hay una creciente inquietud; las direcciones están elaborando los presupuestos del próximo año y no saben a qué atenerse", expresaron fuentes empresariales. Medios de la Asociacion de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege) indicaron que el Ministerio de Transición Ecológica ha citado a esta organización a un encuentro que se desarrollará la próxima semana. La reunión llega precedida del anuncio del cierre de Alcoa en Avilés y La Coruña y también de unas manifestaciones de la ministra Teresa Ribera en las que anticipó que el Gobierno "repensaría" el mecanismo de la interrumpibilidad tras la decisión de la multinacional.
"Queremos un marco estable y semejante al que tienen las industrias electrointensivas en Alemania y Francia", reafirmó Fernando Soto, director general de Aege. En tales países, las compañías cuyos procesos productivos requieren magnos consumos de electricidad (metalúrgicas, cementeras, químicas...) son exoneradas de pagar una porción muy relevante de la parte de la factura de la luz que fija la Administración (los "peajes"). Lo que no abonan los grandes consumidores, por razones de política industrial, es repercutido en el resto de los usuarios.
Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica señalaron que el departamento de Teresa Ribera aún no ha cerrado los detalles de la nueva interrumpibilidad. La ministra de Industria, Reyes Maroto, dijo en Pekín que el Gobierno estudia la convocatoria de la subasta y que agilizará la orden para que los grandes consumidores industriales puedan cobrar las ayudas para costes indirectos de C02, otro mecanismo de apoyo que funciona en Europa y que en España es de inferior cuantía a los de Alemania y Francia.
Con el PP en el Ejecutivo, la dotación del servicio de interrumpibilidad se rebajó el 40% para este año, desde 525 millones a 315 millones. Es la bonificación agregada que reciben las industrias por estar dispuestas a desconectarse temporalmente, a cambio de una rebaja en el precio de la luz, cuando se producen necesidades relacionadas con la seguridad de suministro (riesgo de apagones) o para contener los precios en el mercado mayorista.
Las bonificaciones se asignan mediante un mecanismo de subastas que ha sufrido modificaciones de plazos, cuantías y formatos en distintos momentos, algunas por recomendación de los organismos reguladores para favorecer la competencia. Tras el anuncio del cierre de las plantas de Alcoa, principal beneficiaria de la interrumpibilidad (recibió el equivalente a unos mil millones de euros en diez años), la ministra Ribera sugirió que el sistema se "repensará" para dar mayores facilidades a empresas de menor dimensión.
La industria electrointensiva, capital en el sector fabril asturiano, sostiene que la inestabilidad regulatoria menoscaba la actividad y la inversión en sus plantas españolas y acentúa su desventaja frente a competidores de países, europeos o no, que pagan un precio menor por la electricidad.
