En el Gobierno del Principado han vuelto a leer esta mañana "informaciones preocupantes" sobre el futuro de las centrales térmicas de carbón en Asturias. La fecha de caducidad en 2025 que les puso ayer el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ha hecho elevar un punto la intensidad de la reacción en el Ejecutivo autonómico, cuyo portavoz y consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, aseguró esta mañana, en abierta rebeldía ya con los planteamientos del Gobierno de su mismo signo político, que "no podemos pretender una economía limpia a cambio de cargarnos la industria existente". Martínez utilizó el diccionario de sinónimos para "reclamar, pedir, defender, utilicen el verbo que ustedes quieran, una transición energética pautada, progresiva y acordada". Lo hace hoy, advirtió, "si cabe con mayor preocupación y urgencia que antes". Nadie duda, remarcó el Consejero, "que haya que reducir las emisiones de CO2 y avanzar en la descarbonización de la economía, lo que rechazamos es que España deba ir por delante o marcarse metas más exigentes que las marcadas en los acuerdos internacionales".

El responsable del Ejecutivo autonómico recordó que todas esas peticiones han sido puestas de manifiesto en los distintos foros de relación entre las dos administraciones y volvió a poner el énfasis sobre la urgencia de calibrar "las repercusiones del cierre anticipado de las térmicas". "No sólo hay que considerar la reducción de emisiones, perseveró, "sino también el impacto industrial y el probable encarecimiento de la energía, con su incidencia también sobre la actividad industrial". Martínez emplazó a sus compañeros de partido del Gobierno estatal a no ejecutar "un plan de transición energética meramente voluntarista, que se olvide de los empleos o de las industrias, de la energía y del desarrollo económico. Todo eso, que afecta al empleo, y por tanto a la vida de las personas, debe ser puesto también en la balanza". Su criterio sobre el posible impacto de las transiciones abruptas sobre la economía vale también, precisó, para las pretensiones de "poner fecha de defunción a los motores de combustión. Anuncios de ese tipo tienen consecuencias inmediatas sobre el trabajo de las personas y sobre los planes de las empresas".

Respecto a la actitud de la multinacional Alcoa en relación a la consideración de una posible venta de la aluminera de Avilés a cambio de un inicio de negociación de las condiciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), Guillermo Martínez ha puesto la posición del Gobierno del Principado a la altura de la de los sindicatos y ha asegurado que "lo primero tiene que ser que la empresa suspenda los despidos y rectifique el ERE" para sólo después de adoptar esa decisión "sentarse a negociar".