En estos pocos meses del gobierno Frankenstein de Pedro Sánchez nos hemos visto sorprendidos por una serie de medidas que tal parece que están orientadas a acabar con la competitividad de las grandes, medianas y pequeñas empresas españolas, pero con especial ahínco con las asturianas. La última, el cierre de todas las térmicas de carbón antes de siete años anunciada por el ministerio de la locuaz talibán del ecologismo sanchista, Teresa Ribera.
Hace escasas fechas comparecía en el Congreso de los Diputados ante la Comisión para la Transición Ecológica el presidente de la denominada Comisión de Expertos de Transición Energética, Pedro Sanz, para exponer el análisis y las propuestas consensuadas que dicho grupo ha presentado tras más de un año de trabajo. Decir que esta comisión aprobada por unanimidad en el Congreso y formada por 14 expertos (8 a propuesta de todos los grupos parlamentarios, 3 del gobierno, y 3 de sindicatos y patronal) tenía como encargo realizar una serie de propuestas que en función de los diferentes escenarios y variables que se podían producir en el futuro, y cumpliendo con los compromisos contraídos por el Reino de España con la UE y los acuerdos de París de 2015 para la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía para los años 2030 y 2050, produjesen los menores impactos económicos y sociales en nuestra nación.
Me referiré exclusivamente a las propuestas y consideraciones que los expertos han planteado para 2030 sobre la producción eléctrica y a las medidas que el gobierno socialista está tomando con el apoyo de sus "socios" (separatistas, populistas comunistas y verdeanaranjados de Ciudadanos) que ahora hacen caso omiso al trabajo solicitado en su día por unanimidad.
El informe aporta tres conclusiones clave para el sector eléctrico:
1) Es imprescindible el mantenimiento de energías de respaldo a las renovables dada su intermitencia e interrumpibilidad. Estas son: la nuclear, el carbón, el gas, o las posibles combinaciones de éstas.
2) La supresión de la energía nuclear del mix energético y su sustitución por gas, no sólo supondría un encarecimiento en los precios de generación entre el 15 y el 30%, sino que sería el peor escenario al incrementar la producción de CO2.
3 ) El no mantenimiento de, al menos, 4.660 megavatios con centrales térmicas de carbón y su sustitución por gas supondría unos incrementos del precio de generación eléctrica de entre el 14% y el 30%.
Es decir, a pesar de que el informe de los expertos concluye que el mantenimiento en el mix energético del carbón y la nuclear hace viables nuestros compromisos con la descarbonización, el anuncio por parte del Gobierno del cierre anticipado de las centrales térmicas de carbón, así como las propuestas de la ministra Ribera y la de sus socios orientadas a no prorrogar la vida de las nucleares aunque el Consejo de Seguridad Nuclear las avale, supondría un incremento en el precio de la electricidad entre un 30% y un 60%.
No aplicar las propuestas de la Comisión de Expertos supondrá para nuestra economía el impacto de un torpedo en la línea de flotación de la competitividad de las empresas y muy especialmente para la economía de Asturias porque:
- Tenemos 4 grandes centrales térmicas de carbón que cerrarían, además de las 4 de León y Palencia, con la pérdida de empleo directo e indirecto y la influencia económica que ello supone.
-En Asturias se ubican 3 de las 5 multinacionales electrointensivas de España de cuyos costes energéticos depende su competitividad y el mantenimiento de decenas de miles de puestos de trabajo y grave riesgo de deslocalización.
- La guerra declarada al dióxido de carbono (CO2) afecta a un buen número de empresas asturianas sometidas al pago de emisiones (ETS) que van desde la industria metalúrgica hasta la agroalimentaria.
- El cierre de las térmicas de carbón ubicadas mayoritariamente en el Noroeste español pone en serio riesgo de apagón eléctrico a Asturias.
Pero no son sólo estas políticas orientadas hacia el empeoramiento de la competitividad las que ha adoptado el Gobierno socialista con sus socios populistas comunistas y separatistas. En poco tiempo han tomado o anunciado varias que nos conducirán inexorablemente a una nueva recesión:
-La reciente aprobación del Real Decreto Ley 15/2018 que modifica la tarifa 6.2, beneficia exclusivamente a empresas vascas y navarras que compiten con las nuestras, en un pago descarado al apoyo dado por el PNV en la moción de censura.
-La declarada guerra sin meditación y sin conocimiento a los vehículos diésel ha hecho que inmediatamente a su anuncio haya caído en picado su venta, su fabricación y la de los suministros que requieren, con unas primeras consecuencias en Arcelor, sin descartar las de otras que se verán afectadas por vender diferentes componentes desde Asturias.
Si a todo ello sumamos los anuncios de subidas al impuesto de sociedades, al diésel, a las cotizaciones a la Seguridad Social, a las de los autónomos, nos encontramos con toda una batería de medidas que perjudicarán a la competitividad, al empleo y que nos abocarán al hundimiento de la economía asturiana y a una recesión en la que el socialismo español ya ha obtenido en dos ocasiones doctorado cum laude.
