La entrada del nuevo año modificará las condiciones de edad de jubilación y de cálculo de las nuevas pensiones de acuerdo con los calendarios aprobados en 2011. Entonces, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó -bajo presión de las autoridades europeas y del Fondo Monetario Internacional y en el contexto de la crisis de deuda soberana que hizo tambalearse al euro- una reforma que elevará gradualmente la edad del retiro desde los 65 años a los 67 en 2027.
Para 2019, esa edad ordinaria se sitúa en 65 años y ocho meses, dos meses más que en 2018. No obstante, podrán seguir jubilándose con 65 años y la pensión íntegra quienes tengan largas carreras laborales, con al menos 36 años y medio cotizados.
El aumento de la edad legal se traslada también a las condiciones de la jubilación anticipada, posible con cuatro años de adelanto sobre la edad ordinaria en el caso de los retiros forzosos (por despido u otras circunstancias) y con dos años en los voluntarios.
El período de cómputo también aumenta. Para el cálculo de la base reguladora, a partir de la que se determina el importe de la pensión, se tendrán en cuenta los últimos 22 años de vida laboral, un año más que en 2018. La reforma de 2011 prevé que en 2027 se llegue a los 25 años.
Inicialmente, estaba previsto que en 2019 también comenzara a aplicarse el llamado "factor de sostenibilidad", aprobado por el anterior Gobierno del PP para ligar la cuantía de las nuevas pensiones a la esperanza de vida. Este ajuste, que podría suponer una rebaja de entre el 0,5% y el 1% para los nuevos jubilados, quedó aparcado al menos hasta 2023 tras los acuerdos presupuestarios del Ejecutivo de Mariano Rajoy con el PNV y a raíz de las movilizaciones de los pensionistas.
