El sistema de pensiones tiene un problema muy grave de sostenimiento, como lo demuestran los elevadísimos déficits que viene soportando, que no paran de crecer porque no se les hace frente con el rigor que la situación exige.
Dos son las causas principales de que esto suceda: la edad de jubilación que se ha quedado corta, a tenor del avance de la esperanza de vida de la población española, y el periodo de cálculo de la pensión, que debe extenderse a toda la vida laboral para garantizar la equivalencia financiera del sistema y la misma proporcionalidad entre la pensión recibida y el esfuerzo de cotización realizado por el trabajador, lo cual es más justo.
Las dos medidas que se proponen en este artículo para mejorar nuestro sistema de pensiones son:
a) Aumentar la edad de jubilación en dos años de manera inmediata
b) Extender el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral del trabajador
La edad legal de jubilación no se ha movido prácticamente desde el año 1970. Únicamente ha aumentado en seis meses, mientras que el incremento de la esperanza de vida en ese periodo ha sido de más de seis años, lo que refleja con claridad el envejecimiento de la población española.
Una de las consecuencias de ello es que en los últimos 25 años pasamos de 6.495.123 pensionistas (1992) con una población de 38,8 millones de habitantes, a 9.473.482 con 46,5 millones. Esto es, mientras que la población experimentó un crecimiento del 19,8 % en el periodo citado, el número de pensionistas ha crecido un 45,8 %, , más del doble. Hemos de pensar que si la población española no hubiese evolucionado con el aumento de la esperanza de vida, el número de pensionistas guardaría la misma proporción y sería un 19,8 % superior, haciendo un total de 7.784.103 y quedaría por justificar un 26 % más (1.689.379 pensionistas), vinculado en su mayor parte al envejecimiento demográfico por el comentado aumento de la esperanza de vida.
En resumen, los pensionistas han aumentado más del doble que el número de cotizantes, por lo que, para no empeorar la tasa de reemplazo, que debería mantenerse constante, se tendría que aumentar la edad de jubilación en función de la esperanza de vida. Considerando el retraso que llevamos en este momento, la edad legal del retiro debería incrementarse de inmediato en dos años y seguir con el aumento previsto de dos meses por año (elevación gradual en vigor desde 2013), para llegar en 2027 a los 69 años.
Hay que tener en cuenta además que a partir del año 2023 accederán a la jubilación las generaciones del denominado "baby boom" , los nacidos en los años 60 y 70. Ello supondrá un aumento de personas jubilables de entre un 15 a un 25 % y, consecuentemente, la disminución en el mismo porcentaje de cotizantes. Las previsiones sobre la esperanza de vida en España para el año 2030 indican que será dos años y medio superior, lo que sin duda agravará el problema.
La segunda causa, tan importante como la primera, está en el periodo que se utiliza para el cálculo de la pensión, que provoca algunos de los desequilibrios más importantes de nuestro sistema de pensiones: no garantiza la proporcionalidad entre la pensión recibida y el esfuerzo de cotización realizado por el trabajador, y genera fuertes desigualdades entre los propios pensionistas, beneficiando a unos y perjudicando a otros, en función de como se hayan distribuido sus cotizaciones a lo largo de su vida laboral.
Ampliar el cómputo a toda la vida laboral resolvería esas disfunciones y además eliminaría la "inflación" de pensiones, bastante habitual en la actualidad. Serían las cotizaciones realizadas por el trabajador en su totalidad las que marcasen el importe de su pensión, que además de ser lo más justo, nos permite tener perfectamente controlada la evolución de los ingresos y gastos del sistema, al existir una proporcionalidad exacta entre las pensiones y las cotizaciones. Ello haría posible decidir objetivamente, en función de los resultados y de las previsiones de futuro, las medidas que garanticen su sostenimiento y la solidaridad intergeneracional Actualmente el periodo para el cálculo de la base reguladora de la pensión son 22 años (21 en 2018) y está previsto que aumente doce meses por año, para llegar a 25 años en el 2022.
El análisis de la situación de dos trabajadores que se jubilan a la vez a los 65 años, con los mismos años cotizados que les dan derecho a cobrar el cien por cien de su pensión en función de su base reguladora, contribuye a explicar todo lo dicho anteriormente.
Para determinar la repercusión de las medidas propuestas, los cálculos se realizan utilizando las bases de cotización y los valores de las pensiones que corresponden a 2018 y suponiendo que toda la vida laboral se hubiese cotizado con estas bases, ya que el resultado afecta por igual a los dos trabajadores al coincidir su vida laboral en el tiempo. En el siguiente cuadro se detallan los datos de partida y los resultados:
El último ejemplo del cuadro, que está llevado al límite, refleja en el trabajador número dos algo que es bastante frecuente en nuestro sistema de pensiones y que da lugar a que muchas de las pensiones estén sobrevaloradas, porque lo normal es que la carrera profesional y por tanto el salario evolucionen de menos a más y en consecuencia que las cotizaciones finales, las que cuentan para el cálculo de la pensión, también sean mayores. Por el contrario, aquellos trabajadores que han cotizado más años no tienen ninguna recompensa porque nuestro sistema no lo contempla, ni tan siquiera en aquellos casos en los que puedan salir perjudicados por haber tenido dificultades en la última etapa de vida laboral.
Las conclusiones que se derivan de todo esto suponen que, mientras sigamos manteniendo la edad de jubilación actual y el cálculo de la pensión siga realizándose sin tener en cuenta el conjunto del itinerario profesional del trabajador, nuestro sistema de pensiones no mejorará su situación y cualquier otra medida que, aumentando los ingresos, pretenda solucionar algo resultará inútil, pues su efecto será absorbido por la entrada masiva de nuevos pensionistas y los problemas seguirán igual.
Si queremos salvar las pensiones no hay más camino que poner en su sitio todos los factores que influyen en sus resultados y cuyo control está en nuestras manos, adaptándolos en cada momento a la evolución de aquellos, que como es el caso de la esperanza de vida, no dependen de nosotros.
Me gustaría recordar que las reformas que se tengan que hacer deberían de acometerse de manera inmediata, pues la situación es grave y puede ser crítica, ya que el valor de nuestras pensiones se deteriora a un ritmo de 4.000 millones de euros cada año que pasa y eso es irrecuperable.
