El impacto real de las medidas que ha propuesto el Gobierno central para rebajar la factura eléctrica de las grandes industrias -Alcoa, Azsa y Arcelor, entre otras compañías con fuerte implantación en Asturias- apenas aligera la desventaja que tienen los centros productivos en España frente a los competidores foráneos, incluidos los de los principales países europeos. El sector ha hecho un primer cálculo según el cual la diferencia entre los precios que paga aquí y los de Francia y Alemania se reduciría como mucho en el 10% (dos euros sobre una diferencia de veinte o veinticinco en el coste del megavatio/hora), resultado que está lejos de resolver los problemas de competitividad que tienen los grandes consumidores industriales de energía y de atajar el riesgo deslocalizaciones.

Esa opinión, expresada por el "lobby" que reúne a las principales empresas afectadas (la Asociación de Empresas con Gran consumo de Energía, Aege), fue compartida ayer por el Principado: el borrador, sentenció el consejero de Industria, Isaac Pola, sobre el texto que ha sometido a consulta pública el Ministerio de Industria. El Gobierno asturiano del socialista Javier Fernández choca de nuevo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez en asuntos energéticos. Pola -reincorporado a su puesto tras semana de baja por una lesión de rodilla- reconoció que el borrador gubernamental "introduce elementos favorables" respecto a la situción actual, "pero consideramos que no es suficiente para atacar una solución definitiva del problema".

El Principado presentará alegaciones que incidirán en el capítulo de la compensación de los costes indirectos de CO2, el fondo estatal que la UE permite distribuir entre las empresas para paliar los sobrecostes eléctricos asociados a la política ambiental. El compromiso presupuestario que ofrece el Ministerio de Industria (76 millones en 2019 y la posibilidad de llegar a 100) queda muy lejos de lo que semanas atrás planteó el Gobierno asturiano y que ayer reiteró el consejero Pola: "Apurar todas las posibilidades que ofrece la normativa europea para conseguir un precio más ajustado que permita a nuestras empresas competir en el mercado global". Según las reglas de la UE, España estaría autorizada a asignar por encima de 200 millones a ese objetivo, procedentes de los ingresos del país por la subasta de derechos de CO2 (los que deben comprar las eléctricas y otras empresas para emitir).

El lobby de las grandes industrias apuntó hacia esa misma dirección, demandando más fondos de compensación y también un mecanismo que aporte certeza al reparto, ahora condicionado por los vaivenes presupuestarios. También en línea con el Principado, la asociación Aege reconoce que la elaboración del estatuto eléctrico "es por sí misma un avance, porque nos dota de un marco normativo y se aprecia voluntad política", señaló a este diario Fernando Soto, director general. Pero añadió a renglón seguido: "El impacto real de las dos únicas medidas nuevas que se concretan es mínimo".

El directivo que actúa como portavoz de la industria se refiere a las propuestas de eximir en unos casos y rebajar en otros hasta el 70% de los pagos por capacidad y de exonerar también a parte de las empresas de costear el servicio de interrumpibilidad. Se trata de dos de los cargos que van a la factura eléctrica y que fija el Gobierno. Esas medidas, argumenta Aege, "suponen un descuento inferior a dos euros por megavatio /hora, muy lejos de los veinte o veinticinco euros" de diferencia que existe entre el precio que pagan las empresas españolas y el que tienen sus competidoras de Francia o Alemania. Según datos de la oficina estadística de la UE que se reproducen en el gráfico adjunto, el precio medio para consumos industriales altos es en Francia un 30% menor que en España. Aege sugiere, para atajar esas diferencias, rebajar los peajes de transporte eléctrico que paga la industria y liberarla de los cargos que retribuyen a los productores renovables. La suma de ambas medidas supondría una rebaja de 14 euros por megavatio/ hora, que tendría que ser sufragada por el resto de consumidores o vía impuestos.