La política energética debe proteger la industria, señalan los partidos en Asturias

El orden de las intervenciones se sorteó y le tocó a abrir al representante de Ciudadanos, el diputado regional Luis Armando Fernández Bartolomé, que destacó que en Asturias "hay un alto grado de coincidencia sobre la necesidad de hacer un frente común" ante los impactos adversos de la transición energética. No obstante señaló que el tránsito es "inevitable", pero debe abordarse con un tiempos "maduros" y "sin poner en riesgo la política industrial". Advirtió de que no se puede caer en "el buenismo ambiental" y que la política energética es un asunto de Estado que requiere de un gran pacto. "La decisión le compete al Gobierno nacional y desde Asturias podemos reivindicar un estatus especial", señaló Fernández Barlomé.

Enrique Fernández, secretario de Política Económica de la Federación Socialista Asturiana comenzó asegurando que "no hay fisuras" entre la FSA y el Gobierno asturiano en la cuestión energética. "El eslogan es el mismo: transición, si; justa, sí, sobre todo". Fernández apuntó que el desafío climático "es a vida o muerte para la humanidad" y cargó contra las actitudes de negacionismo, conformismo e inmovilismo. Señaló que eso último hizo que otros agentes movieran ficha y de ahí los anuncios de cierre de la térmica de Lada o de la planta de Alcoa en Avilés. Por ello defendió la necesidad de una política "proactiva" en la que la cuestión climática esté incardinada con la energética y la industrial. En esa línea destacó que el Gobierno de Pedro Sánchez, ante el sobrecoste en el precio de la luz que supondrá la entrada de más renovables, "ha planteado un estatuto de la industria electrointensiva, que está en fase de alegaciones, no de destrucciones".

Adrián Pumares, secretario general de Foro, señaló que afrontar el problema del cambio climático como si no fuera global "es un error" y calificó de "disparate prescindir de los recursos fósiles por los efectos en la seguridad del suministro eléctrico". Pumares destacó que la transición energética "debe de ser gradual, pausada, sin traumas sociales, económicos y territoriales", y defendió "mecanismos públicos de apoyo" para avanzar hacia el "carbón limpio".

Lorena Gil, diputada regional y candidata de Podemos a la Junta General del Principado, señaló que la política energética "no se debe reducir a un calendario de cierre de instalaciones, debe haber un contenido social y económico claro". Destacó la necesidad de modificar todo el sistema para apostar por el autoconsumo, la promoción de las renovables, el ahorro y la eficiencia energética o la movilidad eléctrica, y todo ello acompañado de "una política industrial proactiva".

Jesús Suárez, director de la Comisión de Estudios de Industria y Energía y candidato del PP al Congreso, destacó la "responsabilidad" de su partido en materia energética "porque es el único partido que ha mantenido el mismo discurso en Asturias, en España y en Europa" y señaló que en las decisiones a tomar se debe tener en cuenta la dimensión económica, de empleo, tecnológica y ambiental. Sobre ese último aspecto Suárez apuntó que "no se puede ser más papista que el papa" en referencia al Gobierno.

Ovidio Zapico, diputado regional por IU y miembro de la candidatura "Mas Izquierda Unida", señaló que los acuerdos sobre el clima de París "hay que cumplirlos, pero nos quedan 31 años para llegar al horizonte de 2050 y la lucha debe de ser global y no local". Destacó que la política y los anuncios de Pedro Sánchez y Teresa Ribera sobre el diesel, el futuro del carbón o la industria electrointensiva llevaron a un ERE en Arcelor-Mittal en Asturias y a los anuncios del cierre de la térmica de Soto de la Barca y de Alcoa en Avilés. "En Asturias se han dado los componentes de una tormenta perfecta, estamos ante una nueva reconversión industrial que trae deslocalizaciones y que puede provocar una nueva sangría de habitantes".