El Gobierno asturiano intenta que la Administración central reforme la regulación eléctrica para eliminar los cambios que desde hace tres años permiten a centenares de empresas vascas pagar una tarifa más ventajosa que las pymes fabriles de Asturias. El pasado septiembre, la Dirección General de Energía y Minas del Principado presentó alegaciones ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en las que considera "discriminatoria" la citada estructura de tarifas, aceptada por los Ejecutivos centrales del PP y del PSOE en el contexto de negociaciones políticas con los nacionalistas vascos del PNV.
La petición del Principado se ha producido durante la tramitación del proyecto de nueva metodología de los peajes eléctricos propuesta por la CNMC. Se trata de las fórmulas para calcular los pagos que, con cargo a los consumidores, retribuyen los servicios de transporte y distribución. Desde 2014, la estructura de las tarifas se modificó, abaratando los citados peajes para los consumidores que reciben la electricidad con redes de voltajes comprendidos entre 30 y 36 kilovoltios, hasta entonces clasificadas como de media tensión y luego equiparadas a las de alta tensión. El efecto fue un abaratamiento significativo de los precios energéticos, a costa del resto de usuarios, para los consumidores suministrados con redes de esos voltajes. En total, se trata de 1.250 empresas, dos tercios de las cuales están situadas en el País Vasco y Navarra, generalmente medianas y del sector industrial. El ahorro para el núcleo fabril vasco se estima entre 40 y 50 millones de euros al año. En Asturias existen 11 empresas favorecidas, el 0,88% del total.
Si bien el Gobierno de Euskadi y la patronal vasca han defendido que no se trata de un privilegio, sino de reparar una "discriminación" que perjudicaba a sus empresas, la consecuencia es que compañías con consumos semejantes y a menudo competidoras entre sí pagan por la luz menos en el País Vasco, al estar conectadas a redes de 30 kilovoltios, que las de Asturias, donde las más comunes para ese tipo de usuarios son redes de 20 o 22 kilovoltios.
Fuentes de la Consejería de Industria explicaron que, en sus alegaciones a la CNMC, el Principado "solicita que no haya discriminaciones entre territorios". El criterio del Gobierno regional es que las condiciones del resto de la industria se igualen a las que disfrutan las empresas de Euskadi.
La Dirección General de Energía y Minas, que encabeza Belarmina Díaz, ya presentó alegaciones semejantes, ante el llamado Consejo Consultivo de la Electricidad, en los procedimientos que cada año se siguen para establecer los peajes de acceso del ejercicio siguiente. El Principado argumentó en esas ocasiones que la diferenciación que beneficia a la industria del País Vasco "no responde a criterios técnicos". El polémico cambio en la Ley Eléctrica se realizó en dos fases -primero creacion de una nueva tarifa transitoria con peajes más bajos (6.1A) y luego su integración en la de alta tensión (6.2), aún más barata-, siendo aprobada la primera reforma en 2014, con el PP en el Gobierno y sin oposición del PSOE en el Parlamento, y la segunda en 2018, con el socialista Pedro Sánchez en la Moncloa y también sin que en este caso el Grupo Parlamentario Popular formulara objeciones.
