Cataluña y Asturias son, por ese orden, las comunidades españolas en peor posición del llamado Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, un indicador elaborado por la Unión de Contribuyentes, organización de orientación ideológica liberal que aboga por la eliminación de gravámentes y por la competencia tributaria entre territorios como mecanismo para deprimir la presión tributaria sobre individuos y empresas.

El índice trata de medir, con los criterios técnicos e ideológicos del colectivo, qué autonomías son fiscalmente más atractivos para la localización de actividad económica. El informe sitúa a Asturias en el decimoctavo puesto entre 19 analizados (16 autonomías y las tres provincias vascas, que tienen una fiscalidad diferenciada entre sí y en relación al resto de España). La región pierde un lugar respecto al índice de 2018 a favor de Aragón. Lo hace al atribuir a Asturias un nuevo impuesto propio por el hecho de que el tributo sobre los híper comenzó a ser plenamente operativo al rechazar los tribunales los intentos de tumbarlo. Los autores del índice sitúan al Principado al frente de la presión fiscal sobre los herederos y entre los territorios con un IRPF más alto para las rentas elevadas.

"Asturias necesita una reforma urgente del impuesto sobre la renta y, en especial, del de sucesiones, ya que los asturianos son, con diferencia, quienes más pagan por este tributo", señala en el informe. Y recomienda en otro momento que el Principado aborde cambios generalizados de corte liberal: " Reducir de forma inmediata los tipos de todos los tramos del impuesto de la renta, dejando el tipo máximo en un 20%-21%" (ahora del 25,5% por encima de 175.000 euros de renta); "reformar drásticamente Sucesiones" para dejar el tributo al nivel de Cantabria o Andalucía, y "derogar el impuesto de patrimonio o bonificarlo al 100%". Como Madrid.