El discurso del Gobierno del Principado en relación al impacto que tienen los costes eléctricos para grandes industrias como ArcelorMittal y Asturiana de Zinc (Azsa) no ha cambiado ni una coma pese al mal resultado que estas compañías han tenido en la subasta del servicio de interrumpibilidad finalizada anoche, la que reparte retribuciones económicas millonarias entre las empresas dispuestas a desconectarse de la red eléctrica cuando son requeridas para ello por sobrecarga de la misma u otras necesidades. La directora general de Energía del Principado, Belarmina Díaz Aguado, ha manifestado en Avilés que la esperanza del Ejecutivo está puesta en el desarrollo y puesta en práctica de medidas correctoras que prometió el Gobierno de España: las compensaciones por los costes indirectos de emisiones de dióxido de carbono, la revisión de peajes y otros costes y la aprobación del Estatuto de los Consumidores Electrointensivos.
Díaz Aguado admitió que el Ejecutivo asturiano está "preocupado" por el impacto de los costes eléctricos en la gran industria, si bien acotó a renglón seguido "y sin que sea una excusa" que el Gobierno regional no tiene capacidad para intervenir en ese ámbito. Así las cosas, todo queda en manos del Goberno central, que ya elevó a 200 millones el dinero a repartir mediante el mecanismo de compensación de los costes indirectos imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidas en los precios de la electricidad y que tiene pendiente de aprobar el Estatuto de las Industria Electrointensivas, el mismo del que depende el futuro de la fábrica avilesina de Alcoa, ahora con su capacidad productiva reducida a la mínima expresión. El Gobierno central alega que no puede aprobar el estatuto mientras esté en funciones.
