El Gobierno de Pedro Sánchez pisa el acelerador de la transición energética mientras que mantiene en punto muerto las ayudas para que la industria electrointensiva -uno de los principales motores de la economía asturiana y uno de los sectores más afectados por la descarbonización- pueda rebajar el precio de su factura de la luz y mejorar su competitividad frente a las fábricas de países competidores como Francia o Alemania.
El Consejo de Ministros aprobó ayer la Declaración de emergencia climática y ambiental en España que, en palabras de la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, permitirá "ir más deprisa" en la descarbonización y responder "a la demanda social". Por su parte, los sindicatos, que hoy se manifestarán en Madrid en defensa de la gran industria, criticaron que el nuevo Gobierno haya incumplido su compromiso de aprobar el estatuto del consumidor electrointensivo en los primeros consejos de ministros y lamentaron que no se atienda "la emergencia industrial" de regiones como Asturias.
La Declaración de emergencia climática y ambiental incluye 30 medidas "de aceleración" del "compromiso" del Ejecutivo de coalición y cinco de ellas se desarrollarán en los primeros 100 días de Gobierno. La primera será remitir al Parlamento la Ley de Cambio Climático, que plantea para 2050 un sistema de generación eléctrica 100% renovable, vehículos con cero emisiones de CO2 y un sector agrario neutro en carbono; la segunda medida será un Plan nacional de adaptación que permita lograr un país "más seguro y menos vulnerable" a los efectos del cambio climático; la tercera definirá la senda de la descarbonización a largo plazo de forma ordenada hasta 2050; la cuarta incluye la creación en España, a inspiración de la "experiencia exitosa de Francia", de una Asamblea ciudadana del cambio climático', y la quinta acción será acompañar la transformación de los sectores económicos en el contexto de una "transición justa" con los trabajadores y las comarcas más afectadas. "Estas cinco son las que nos parecen más sintomáticas para los próximos cien días", señaló Ribera, que añadió que el conjunto de acciones afectará a todas las políticas públicas, incluidas las fiscales. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, adelantó que trabaja en una "fiscalidad verde" que incluye "nuevas figuras fiscales disuasorias de comportamientos perjudiciales" para el medio ambiente e "incentivos para animar la transformación del sistema productivo". Ribera destacó que la Declaración de emergencia ya destaca que "salvo casos justificados por razones sociales o tecnológicas, no se otorgarán nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil y se analizarán y, en su caso, se revisarán los actualmente vigentes".
"No partimos de cero, pero a partir de ahora tenemos que profundizar y sumar los esfuerzos de todos para ser más rápidos y ambiciosos", señaló Teresa Ribera sobre la política de transición energética. Esa rapidez contrasta con los ritmos de la política de defensa de la industria, a juicio de los sindicatos. El Gobierno se comprometió hace más de un año a aprobar el Estatuto del consumidor electrointensivo y sigue pendiente. Además ha quedado fuera de los asuntos de los primeros consejos de ministros a pesar de que el anterior Gobierno había anunciado que estaba todo listo para aprobarlo en el momento en el que se formara Gobierno. En respuesta a una pregunta parlamentaria presentada por el diputado de Foro Isidro Martínez Oblanca, el Gobierno se limita a señalar que "el Estatuto se encuentra en un estado avanzado de tramitación".
La directora general de Energía, Minería y Reactivación del Principado, María Belarmina Díaz, urgió ayer al Gobierno central la aprobación del estatuto electrointensivo. "Sabemos que se están negociando algunos aspectos de ese estatuto con Europa y necesitamos que se apruebe pronto y ofrezca un marco que dé seguridad a las industrias asturianas en el menor plazo posible", resaltó Díaz. Por su parte, la portavoz del PP en la Junta General del Principado, María Teresa Mallada, señaló que el estatuto tenía que haberse aprobado antes de las elecciones generales del 28 de abril. "Lo importante ahora es ver qué medidas contempla para que nuestra industria no se muera", enfatizó Mallada.
La aprobación del Estatuto es una de las principales medidas que exigirán hoy los sindicatos en la manifestación que han convocado en Madrid en defensa de la industria electrointensiva. La marcha, que partirá desde el Ministerio para la Transición Energética y concluirá ante el Ministerio de Industria, surgió después del "catastrófico" resultado de la última subasta de interrumpibilidad eléctrica, que dejó a las grandes industrias asturianas sin compensaciones para abaratar la factura eléctrica y mejorar su competitividad en los mercados internacionales en los que operan.
El secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero, y el líder de la Federación de Industria, Construcción y Afines (UGT-FICA) en la región, Jenaro Martínez, urgieron ayer la aprobación del estatuto. No obstante, Lanero señaló que "lo más importante no es solo que esté aprobado, es también su contenido y esperamos que la industria asturiana salga reforzada y con precios más competitivos". Martínez destacó que "la política climática hay que acompasarla a la industrial y no acelerarla, de manera que podamos llegar a los plazos de la descarbonización manteniendo empleos y salarios".
El secretario general de CC OO de Asturias, José Manuel Zapico, demandó que el Estatuto sea una realidad "cuanto antes" porque gran parte de la actividad económica asturiana depende de esa herramienta para ser "competitiva". Y Damián Manzano, secretario general de CC OO de Industria de Asturias, lamentó que "el Ministerio de Industria esté ausente y no atienda la emergencia que hay en el sector en Asturias".
