El Ministerio de Trabajo que pilota Yolanda Díaz (Podemos) tiene la intención de acometer con "rapidez" "la derogación" de la reforma laboral del PP, un proceso que el Gobierno quiere negociar con patronal y sindicatos y que, ha explicado Díaz, se abordaría en "dos fases": una inminente, que incluirá entre otras medidas la supresión del despido por acumulación de bajas por enfermedad, y una segunda en la que se entraría en aspectos como las formas de contratación o la capacidad de los empresarios de modificar unilateralmente las condiciones de trabajo. A las puertas de ese proceso, la patronal asturiana FADE considera que retornar a la regulación anterior a 2012 "puede poner en riesgo la supervivencia de muchas empresas".
Belarmino Feito, presidente de FADE, consideró ayer positivo y aceptable el acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales para subir el salario mínimo de 900 a 950 euros al mes. En declaraciones a este periódico, previno en cambio sobre los efectos que tendría dar marcha atrás en la reforma laboral del PP (2012), que aumentó el poder de las empresas en las negociación colectiva y también su capacidad para despedir o modifica los salarios y la jornada de trabajo por dificultades económicas del negocio o por lo que se denomina en la ley razones técnicas y organizativas. Esos y otros cambios, sostienen las organizaciones patronales, evitaron cierres empresariales, mientras que, a decir de los sindicatos, el principal efecto de la reforma ha sido la precarización del empleo (rebajas salariales y mayor deterioro de la calidad en la contratación).
"La última reforma laboral ha sido útil para que muchas empresas hayan podido sobrevivir a la crisis, manteniendo y creando empleo", defiende Belarmino Feito. Y añade: "Creo que una involución en la legislación laboral no ayudará a la creación de empleo y puede poner de nuevo en riesgo la supervivencia de muchas empresas". Tal riesgo se acentúa, esgrime la FADE, en un contexto como el actual de ralentización del crecimiento económico.
En línea con lo expresado por Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, Feito habla de "mejorar" y no de "derogar": "Desde FADE abogamos por aprovechar los cauces del diálogo social para mejorar diversos aspectos de la legislación actual de forma consensuada, con el objeto de responder a las necesidades de empresas y trabajadores".
Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, habló ayer de dialogar con los agentes sociales para hacer cambios laborales que "son de sentido común" -"la precariedad laboral no sólo es injusta, sino que es absolutamente ineficiente en términos económicos", afirmó en una entrevista con Tele 5- y remarcó que el acuerdo de Gobierno con el PSOE habla de "derogación de la reforma laboral". "Lo que firmamos lo cumplimos", apostilló.
Fechas atrás el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había acotado el alcance de los cambios hablando de suprimir "los aspectos más lesivos" de la reforma de 2012.
