El fiscal pide diez años de cárcel para Justo R. Braga por fraude en los cursos

El fiscal pide 10 años de cárcel para el ex secrertario general de UGT, Justo Rodríguez Braga, y para otros dos dirigentes del sindicato por un presunto fraude en subvenciones para formación. El ministerio público destaca el "desvío sistemático" de fondos para cursos por parte del sindicato entre 2010 y 2014 a través de sociedades vinculadas a él a las que recurría para organizar los cursos. Calcula que las cantidades supuestamente defraudadas se elevan a 1,17 millones de euros y aprecia "indicios racionales" de delito también en otros tres trabajadores de UGT y la fundación IFES, para los que pide entre tres y cuatro años y medio de carcel.

El ministerio público basa su acusación en las testificales practicadas, la copiosa documentación incluida en la causa y los informes periciales emitidos por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

La causa se inició a partir de la denuncia interpuesta por la Fiscalía asturiana tras las diligencias de investigación incoadas en diciembre de 2014 a raíz de informaciones obtenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en una investigación por hechos similares en Sevilla. Por las reglas de prescripción, se acotó como marco temporal el de las subvenciones de los planes anuales de 2010 a 2014 concedidas por el Principado a UGT Asturias y a su fundación IFES, cuya delegación regional se encargó de la gestión y ejecución.

La Fiscalía considera que en esas subvenciones "se llevó a cabo, en una actuación concertada, una operativa orientada al sistemático desvío de parte de los fondos públicos recibidos, que suponía un beneficio económico que revertía en la propia organización sindical". Esos beneficios, añade la Fiscalía, fueron destinados, de una parte, a la financiación de gastos estructurales de UGT de Asturias, fundamentalmente costes de su personal laboral, y de otra, a capitalizar una sociedad vinculada (Infastur) para, a través de ella, cubrir pérdidas generadas en otras actividades, en concreto una promoción inmobiliaria llevada a cabo por la cooperativa vivienda vinculada al sindicato en La Felguera. Ese desvío "se llevaba a cabo mediante diversos subterfugios con los que lograban enmascarar los costes reales de ejecución de las acciones formativas por las que recibían subvenciones, ocultando a la Administración de la que recibían las subvenciones el sobrecoste en que incurrían".

La realización de ese "desvío sistemático" de fondos tuvo lugar, según la Fiscalía, mediante el aprovechamiento instrumental de los vínculos que UGT Confederal y UGT Asturias tenían con las sociedades Infastur, Localmur y Formación 2020, "a las que recurrían en exclusiva para proveerse de los bienes y servicios necesarios para ejecutar las actividades formativas".

El informe de la IGAE cifraba en 1.462.666 el dinero supuestamente desviado, pero hay que tener en cuenta que para la consideración de fraude en subvención se debe superar los 120.000 euros por convocatoria. En el caso de las subvenciones concedidas a IFES eso ocurrió en los planes de 2010 (231.466 euros) y 2011 (330.179 euros). Respecto a las concedidas a UGT ocurrió en los planes de 2010 (238.247 euros), 2011 (254.521 euros) y 2012 (122.028 euros). Por lo tanto el dinero defraudado sería de 1.176.443,41 euros.