Belarmina Díaz Aguado (Astorga, 1968) se incorporó a la Administración asturiana como responsable de asuntos energéticos y mineros en 2017 procedente de la Universidad de Oviedo, de la que es profesora titular. Ingeniera de Minas de formación, está al frente de la Dirección General de Energía, Minería y Reactivación, el área de la Consejería de Industria que se ocupa más directamente de la estrategia del Principado ante el proceso de transición energética, de gran impacto para Asturias.
- La transición energética está siendo señalada por Europa y por el Gobierno central como una de las principales palancas para la reconstrucción tras la crisis del coronavirus. ¿Cómo puede sacar partido de ello la región para su propia recuperación?
-Es cierto que todas las señales apuntan a que la transición energética se puede convertir en un vector de reconstrucción post-crisis sanitaria. En esa dirección va Bruselas y es la tendencia que se nos apunta desde el Gobierno. Lo primero que necesitamos es trabajar muy coordinados a nivel local, nacional y europeo, y con los sindicatos, la patronal... Ese marco de colaboración ya lo tenemos de antes. Lo segundo es aprovechar bien todas las herramientas financieras de las que disponemos. Parece que la Comisión Europea sigue apostando por el fondo de transición justa y que el Pacto Verde seguirá siendo una prioridad. Ahí, sin duda, Asturias tiene oportunidades.
-El marco de colaboración del que habla es una mesa para evaluar los impactos de la transición que está cerca de concluir sus trabajos. ¿Qué planes y proyectos concretos saldrán de ahí?
-Estamos en fase de validar los resultados. Puedo comentar que llevamos trabajando desde hace muchos meses en diferentes líneas en las que Asturias tiene potencial, porque existen empresas con experiencia internacional probada y hay ideas y proyectos, algunos con cierto grado de madurez. Hablamos de generación descentralizada con biomasa, de movilidad eléctrica y sostenible, de almacenamiento energético, un campo en el que Asturias tiene muchas posibilidades de posicionarse y una necesidad estratégica de diseñar un buen proyecto. Estamos trabajando también en tecnologías renovables off-shore (marinas), donde Asturias tiene mucho que decir, tanto en el aprovechamiento de recursos como en la fabricación de componentes.
-Las eléctricas han anunciado ya planes concretos en otras regiones para compensar los cierres de térmicas, pero aquí no existen por ahora...
-Hace una semana se firmó con las eléctricas y los sindicatos el acuerdo general de transición justa para los territorios afectados por cierres. Ese acuerdo recoge la necesidad de que las empresas presenten planes para los territorios. Si le soy sincera, echo de menos esos planes para las zonas afectadas en Asturias. Naturgy ha presentado un primer documento al Ministerio (de Transición Ecológica) y estamos comentándolo con ellos. La otra compañía (Iberdrola) no ha presentado ninguno. Llevamos mucho tiempo pidiendo planes concretos de acción para Langreo y Tineo que vayan más allá del desmantelamiento de las térmicas.
-¿Qué propone Naturgy en ese plan que menciona?
-Le falta concreción, pero es un primer paso.
-La vicepresidenta Teresa Ribera ha firmado junto a otros colegas europeos una carta a favor de que se acelere más la descarbonización (los plazos de reducción de emisiones de CO2, el impulso a las energías renovables...). En Asturias ya preocupaba la velocidad que se planteaba hasta ahora por su impacto en la industria. ¿Pueden aumentar los riesgos?
-Siempre hemos pedido que sea una transición pausada y pactada y así se lo trasladamos permanentemente al Ministerio, que conoce la realidad asturiana. Pero tenemos que ver la transición energética en clave de oportunidades para Asturias, ver que existe capacidad alta de penetración de renovables, que tenemos posibilidad de construir varios cientos de megavatios de eólica on-shore (terrestre), que existe potencial off-shore (marina) o que las infraestructuras de almacenamiento tienen mucho sentido aquí. Y existe algún proyecto de gran interés también para la seguridad de suministro, como es la reconversión de la térmica Aboño 1 para el uso de gases siderúrgicos. Hay posibilidades de afrontar una transición con garantías si los proyectos se van concretando, pero hay que seguir trabajando muy intensamente. Implica un gran cambio en el modelo de producción energética, en el que, por ejemplo, el gas tiene que seguir presente como energía de transición. La regasificadora es importante para ello.
-Enagás se ha quejado de la lentísima tramitación para legalizar la planta (acabada y sin uso desde 2012). ¿Cuándo se despejará?
-La planta de El Musel tiene una tramitación tremendamente compleja, es la verdad. Desde la última solicitud de Enagás, en septiembre de 2018, hubo además cambios legislativos que afectaron al proceso. Ahora estamos pendientes de que se apruebe la declaración de impacto ambiental en Transición Ecológica para que se pueda continuar con la autorización. La planta es una infraestructura importante y tiene todo el sentido. La de Bilbao está por encima de su capacidad nominal y se necesita otra en el Cantábrico.
-¿Hay plazos concretos?
-Seguimos confiando en que la autorización administrativa se produzca este año. A partir de ahí todo sería mucho más ágil.
-La crisis sanitaria ha paralizado la tramitación del proyecto de estatuto electroinstensivo, cuyo contenido dejó muy insatisfecha a la industria asturiana. El Principado presentó alegaciones pidiendo grandes cambios en su contenido. ¿Serán aceptadas?
-Hemos hecho nuestras alegaciones con confianza en que se acepten. Hacer el estatuto ha sido un esfuerzo y lo valoro, pero ese esfuerzo se debe centrar en las empresas verdaderamente electrointensivas, en aquellas que tienen mayor pérdida de competitividad por el precio de la energía frente a otros territorios. El estatuto es una herramienta importante para que el precio sea predecible y competitivo, pero no es la única herramienta. Igual de importante que el estatuto en sí es la regulación en los cargos que están destinados a cubrir los costes regulados del sistema eléctrico distintos del transporte y la distribución. El estatuto es un parte del puzle, pero hay otras piezas.
-¿Se hace más urgente si cabe una solución para rebajar la luz industrial a la vista de las nuevas dificultades en Alu Ibérica y en ArcelorMittal?
-La competitividad del precio de la energía es clave para la industria electointensiva en general. Confiamos en que, cuando pase esta crisis, se pueda tener el estatuto y que se sigan valorando otras medidas.
-Asturias también ha pedido cambios en la cuantía y el proyecto de reparto de los fondos europeos de transición justa (307 millones para España hasta 2027, de un total de 7.500, para compensar las pérdidas de actividad y empleo con la descarbonización). El destrozo que está provocando esta crisis acrecienta la impresión de que ese dinero es muy insuficiente...
-La cuantía que tienen los fondos de transición justa no es suficiente, pero también quiero ponerlo en perspectiva: no son los únicos disponibles existen otros fondos estructurales y líneas de financiación que darán lugar a la movilización completa del Pacto Verde. Si Europa sigue apostando por la transición energética como una palanca de reactivación, creo que esos fondos van a ser capaces de traccionar otros y de movilizar inversión privada. Le pongo un ejemplo de nuestras propias líneas de ayudas para renovables o eficiencia energética: por cada euro que se concede se movilizan entre cuatro y cinco euros de empresas y particulares. Lo importante es que los fondos se aprueben, que tengan condiciones claras y que Asturias pueda presentar buenos proyectos.
-Existe la convicción de que, ante procesos análogos (planes de reindustrialización, fondos mineros...) Asturias careció de proyectos de calidad, más importantes ahora si cabe por la necesidad de competir con otros territorios por las distintas ayudas. ¿Está la región mejor preparada que esas otras veces?
-No me gusta hacer comparaciones. Sí puedo decir que estamos trabajando muy intensamente en prepararnos bien, trabajando con Europa, con el Gobierno central, con las administraciones locales y con los agentes sociales.
