La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha entrado en la controversia sobre la conveniencia de derogar o no la reforma laboral de 2012 al señalar lo siguiente en un informe conocido ayer: "Aunque hay aspectos de esta reforma que seguramente convendría revisar, su derogación total supondría desandar buena parte del camino andado en los últimos años para reducir la excesiva rigidez de nuestro mercado de trabajo. Esta medida sería desaconsejable en cualquier caso y lo es mucho más aún en las circunstancias actuales, en las que la flexibilidad es esencial para la preservación del tejido empresarial y el mantenimiento del empleo a medio y largo plazo".
Ese párrafo aparece en la segunda entrega del boletín titulado "Aspectos económicos de la crisis del covid-19", un trabajo coordinado por los economistas asturianos Ángel de la Fuente, director de Fedea, y Florentino Felgueroso, investigador especializado en temas como el mercado de trabajo y la educación. Fedea es un observatorio económico al que se le atribuye una orientación liberal en sus posiciones y con un patronato del que forman parte los principales bancos españoles y algunas de las mayores empresas cotizadas el país.
Fedea examina, entre otros, los impactos de la crisis asociada al coronavirus en el empleo y utiliza el concepto que llama "tasa de desempleo efectivo", en la que se tiene en cuenta el número convencional de parados, los trabajadores que están acogidos a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y los autónomos protegidos por la prestación extraordinaria de cese de actividad. El resultado "resume la gravedad de la situación", según Fedea: el "desempleo efectivo" concebido así afecta a 8,4 millones de personas en todo el país, el 36,4% de la población activa española. Es una cifra, añaden los investigadores, "que será extremadamente preocupante si persiste más de algunas semanas".
Alrededor de cinco millones de esas personas están afectadas por los mecanismos excepcionales desplegados por el Gobierno para contener los daños en el empleo, particularmente los ERTE, prorrogados hasta el 30 de junio con ajustes en su condiciones. Según Fedea, el reciente acuerdo entre el Ejecutivo y los agentes sociales que desvincula la duración de los expedientes de fuerza mayor de la duración del estado de alarma "es un paso en la dirección correcta, pero resulta insuficiente para despejar la incertidumbre existente sobre el proceso de retirada de estas ayudas". El equipo coordinado por De la Fuente y Felgueroso considera "necesario fijar criterios explícitos para la extensión de los ERTE por fuerza mayor en los sectores que lo puedan necesitar y establecer un mecanismo de reducción gradual de las ayudas".
El Ministerio de Trabajo abrió una negociación con las principales organizaciones patronales y sindicales del país sobre una nueva extensión de los expedientes en algunos sectores, diálogo que ha entrado en crisis. La CEOE ha decidido suspender las conversaciones con el Ejecutivo tras el confuso acuerdo firmado por los socios de Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) con Bildu y que, de manera literal, conlleva la "derogación íntegra" de la reforma laboral de 2012, aunque los socialistas han matizado esa versión y asegurado que se limita a los "aspectos más lesivos" de la citada norma. El informe de Fedea baja a la arena de la reforma laboral al señalar que el anuncio del acuerdo y el desmentido posterior alimentan la "inseguridad" e "incertidumbre" en la regulación del mercado de trabajo.
