El conflicto desatado entre el Principado y la plantilla de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) a cuenta de cómo debería ponerse remedio al enorme tapón que atenaza las estaciones y que ha dejado una cola de 140.000 vehículos a la espera de pasar el examen dio el salto ayer a la arena política. El PP propuso al Gobierno regional otorgar concesiones administrativas o autorizaciones temporales a talleres privados que ayuden a desatascar esta situación. Mientras que Podemos criticó que lo que se necesita realmente es contratar nuevo personal para atajar de una vez por todas el problema de los atascos, que de vez en cuando rebrota. Aunque ahora lo ha hecho de forma más notable por culpa de que este servicio tuvo que cerrar sus puertas durante las semanas de encierro de la población debido a la crisis del coronavirus.

La última propuesta, la de incrementar la plantilla de la ITV, va acorde con la demanda de la propia plantilla, que estima que con 30 nuevos empleados sería suficiente para acabar con el embotellamiento de una vez por todas. Las nueve estaciones asturianas de inspección dan empleo ahora mismo a unos 170 trabajadores. Con el incremento sugerido, calcula Enrique Martín, de CSIF, se podría aumentar el ritmo de inspección en 40.000 coches cada tres meses. Suficiente para solucionar el colapso actual y prevenir futuros embotellamientos. Los sindicatos decidieron el viernes suspender la huelga que tenían convocada en protesta por el aumento de horarios que la Consejería de Industria había planteado de forma unilateral y acordaron continuar con las discusiones sobre cómo deberían abonarse las horas extra que va a tener que afrontar el personal a partir de la próxima semana.

Aunque la contratación de este nuevo personal -que Industria va a comenzar a discutir con el área de Función Pública- puede llevar aún su tiempo. Por eso, de forma transitoria el diputado del PP Álvaro Queipo propone que los talleres privados ayuden a aligerar la carga de las estaciones de la ITV. Se trata, defiende, de una fórmula que ya funciona en otras comunidades como Cantabria, Castilla y León o Galicia. "La concesión duraría hasta devolver las listas de espera a la normalidad. Es una solución transitoria para resolver el problema actual y siempre bajo la supervisión de la Administración autonómica", asegura.

El PP acusó al Gobierno de estar "improvisando" con las soluciones que está poniendo sobre la mesa para acabar con el atasco de estas estaciones. "Asturias está tristemente compitiendo por liderar el caos de las ITV en España". Y asegura que este tapón está teniendo ya consecuencias para los conductores. "Está generando incertidumbre entre los miles de asturianos afectados que no es aceptable. Pero, además, el hecho de que los vehículos se queden en un limbo sin ITV acarrea problemas en la venta de vehículos de segunda mano, que deben tener pasada previamente la inspección, y de cara a las aseguradoras en caso de incidente ya que, en algunos casos, podrían intentar escudarse en que los vehículos sin la ITV pasada no tenían garantizadas las condiciones para circular con seguridad", señala.

Por su parte, Daniel Ripa, diputado de Podemos, asegura que las medidas propuestas por el Gobierno solo solucionarían "5.000 de las 140.000 esperas", y recalca que se trata de la empresa pública del sector público asturiano con más de dos millones de euros de beneficio. "La cuestión es si el Gobierno asturiano, con esta empresa repleta de directivos colocados afines al Gobierno, lo que está provocando es su quiebra planificada para luego poder privatizarla porque es una compañía rentable", argumenta. Y añade: "Necesitamos un sector público fuerte, rentable y con una plantilla adecuada a las necesidades para poder tener ingresos que permitan una mayor capacidad del Gobierno para poder hacer políticas sociales".