La dirección de Duro Felguera prevé que, si el Estado acepta su solicitud de auxilio y consigue un acuerdo con la banca para reestructurar la deuda y acceder a financiación y avales, en cinco años podrá multiplicar casi por diez su resultado de explotación con una estrategia que incluye, entre otras medidas, ampliar el Tallerón de Gijón y entrar en el negocio de las energías renovables. Rosa Aza, presidenta de Duro, comunicó esos y otros objetivos en una carta dirigida a los trabajadores en la que expresa también que la entrada de capital público es la única salida para mantener la integridad de la compañía y no trocearla.

"Después de numerosos contactos con posibles inversores y multitud de negociaciones con la banca, llegamos a la conclusión de que para seguir manteniendo DF (Duro Felguera) tal y como la conocemos, es decir, sin dividirla en unidades productivas, reflotando las más rentables y liquidando las problemáticas, teníamos que conseguir la participación pública en nuestro accionariado, que, a su vez, actuase como catalizador para generar esa necesaria confianza de los mercados", expone Rosa Aza en su misiva. Y detalla que la cúpula directiva empezó a trabajar en la opción de buscar el auxilio del Estado en el último trimestre de 2019, gestiones que condujeron, añade la presidenta de Duro, a conversaciones con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a principios de 2020. "Nuestra intención era realizar una ampliación de capital público-privada donde SEPI actuase como un inversor 'ancla', con las mismas condiciones que los inversores privados", añade la misiva.

Rosa Aza, presidenta no ejecutiva de Duro desde abril de este año, explica a continuación que la pandemia obligó a reconducir la estrategia: "No tenemos otra alternativa que acogernos al Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas, sin renunciar a la opción de que se incorporen nuevos inversores privados". La crisis motivada por la pandemia, enfatiza el texto, "nos está golpeando duramente; los clientes han reducido o paralizado sus inversiones con una caída drástica en la licitación de nuevos proyectos. Además las negociaciones de los contratos en curso se han complicado enormemente, al igual que la ejecución de las obras".

Para hacer frente a ello, continúa Rosa Aza, Duro prevé desplegar un plan de viabilidad con los siguientes pasos: ampliación de capital por 30 millones que, de ser aceptada la solicitud de rescate, sería suscrita por la SEPI, que también aportaría 70 millones en préstamos participativos; en 2023, con la empresa encarrilada, se iría a una nueva ampliación de capital por 60 millones, con entrada de inversores privados, para repagar los referidos préstamos públicos; la SEPI se desprendería desde entonces de su participación vendiéndola "paulatinamente" en el mercado. Ese plan de viabilidad pasa también por alcanzar un acuerdo con la banca acreedora para acceder a avales reasegurados por el organismo público Cesce, crédito para liquidez parcialmente avalado por el ICO y la reestructuración de la deuda.

En paralelo, la dirección que pilota José María Orihuela, consejero delegado, ultima un plan estratégico para el período 2020-2025 con el que, en palabras de Rosa Aza, Duro quiere "reinventarse aprovechando todo su conocimiento y experiencia acumulada". Ese plan prevé que en 2025 la cifra de negocio sea de unos 623 millones de euros -en 2019 fue de 392- y que el resultado de explotación o ebitda sea de 48 millones, frente a los cuatro millones del pasado año. La presidenta de Duro confirma los siguientes proyectos que la dirección baraja desde hace meses: creación de una filial de energías renovables, para actuar como diseñador y constructor de plantas, pero también como productor; ampliación el Tallerón de Gijón para fabricar piezas destinadas a parques eólicos marinos, y una apuesta por extender a sectores del mundo civil (energético, financiero y otros) el negocio de "sistemas inteligentes" (ciberseguridad, criptografía...) que ya realiza en el ámbito militar a través de la filial Epicom.