La factura final para las cuentas públicas del rescate de Bankia es todavía incierta ocho años después de su nacionalización, si bien las autoridades económicas españolas llevan años admitiendo de forma más o menos velada que se saldará con pérdidas millonarias. Lo que sí es seguro es que el Estado solo ha ingresado por ahora 346 millones de euros por los 24.069 millones que inyectó en el grupo, lo que equivale a un 1,4% de las ayudas aportadas.
Bankia ha devuelto otros 3.303 millones, pero esos fondos nunca han llegado a las arcas públicas porque han servido para cubrir las abultadas pérdidas acumuladas por su matriz BFA desde el 2015 a causa del desplome en bolsa de su participada.
El grupo todavía bajo control público, hasta su próxima integración en Caixa Bank, tiene una estructura doble. Por encima está BFA, entidad poseída al 100% por el Estado y que tiene una participación del 61,77% de Bankia.
Los abultados números rojos registrados por BFA en los últimos años se deben principalmente a la caída en bolsa de Bankia, ya que es el principal activo que tiene en su balance y ha sufrido, como el resto de bancos pero en mayor medida, el impacto de los bajos tipos de interés con los que el Banco Central Europeo (BCE) lleva años tratando de reactivar la economía de la eurozona. El otro elemento que explica las pérdidas y la erosión patrimonial de BFA es que ha tenido que devolver 3.800 millones a los propietarios de preferentes y a los accionistas minoritarios de la salida a bolsa del 2011 que perdieron su dinero con la nacionalización del 2012. Así las cosas, el Estado solo ha ingresado por el momento 346 millones por aquel rescate. Se corresponden con los intereses que cobró por los 5.380 millones de euros en preferentes que inyectó en el grupo en el 2010.
