El Congreso de los Diputados ha aprobado, por segunda vez desde junio, una resolución en la que se insta al Gobierno a aceptar las alegaciones de las comunidades autónomas de Asturias, Galicia y Cantabria para que se mejore el tratamiento de las grandes fábricas con altos consumos de energía (ArcelorMittal, Azsa y otras) en el llamado Estatuto de Consumidor Electrointensivo. La propuesta, formulada por el diputado asturiano de Foro Isidro Martínez Oblanca, salió adelante con el apoyo del PP, Ciudadanos, Vox y otros grupos minoritarios y con las abstenciones del PSOE, Unidas-Podemos y formaciones como el PNV.

El debate se desarrolló el pasado martes en el Pleno del Congreso, aunque la votación no se produjo hasta el jueves. El resultado fue el siguiente: 165 votos a favor, 183 abstenciones y ninguno en contra.

Los parlamentarios socialistas y de Unidas Podemos variaron el sentido de su voto respecto a una proposición no de ley análoga debatida en junio y planteada por el Partido Regionalista de Cantabria que sí apoyaron. En aquella ocasión, los partidos que comparten el Gobierno respaldaron al iniciativa al aceptar los regionalistas cántabros una emienda según la cual se precisaba que el aumento de ayuda a la denominada industria "hiperelectrointensiva" quedaba supeditado a que fuera conforme a la normativa de la UE. El Ministerio de Industria argumenta a menudo que dar un trato singular a las fábricas cuyos procesos productivos (fabricación de acero, zinc o alumninio) son más sensibles a los costes eléctricos chocaría con la normativa comunitaria. En cambio, las industrias sostienen que otros países como Francia y Alemania han desarrollado mecanismos para apoyar a sus empresas fabriles sin objecciones de Bruselas y que por ello la decisión depende de la voluntad política del Gobierno.

Durante el debate de esta semana, el PSOE volvió a plantear que se incluyera la citada referencia a la UE en el texto de la proposición no de ley defendida por Oblanca, que rechazó tal enmienda. Finalmente, y al contrario que en junio, los diputados socialistas se abstuvieron, como también hiceron los de Unidas Podemos. Los parlamentarios asturianos de esas formaciones (Adriana Lastra, María Luisa Carcedo y Roberto García Morís, del PSOE, y Sofía Castañón, de Podemos) secundaron la posición de sus partidos.

Entre las 183 abstenciones también estuvieron las del grupo nacionalista vasco, que al fijar su posición subrayó que, aun coincidiendo en la necesidad de aprobar sin más demora el estatuto electrointensivo, dar un tratamiento especial a las fábricas más intensivas en consumo perjudicaría a las pymes industriales del País Vasco en la medida en que pudieran obtener una rebaja de precios menor a la que garantiza el texto que ha diseñado el Ministerio de Industria y contra el que alegaron los gobiernos de Asturias, Galicia y Cantabria.

El borrador del estatuto electrointensivo prevé exenciones en ciertos cargos de la factura eléctrica que beneficiarían a 600 empresas. La principal de las medidas para rebajar los precios, una rebaja de hasta el 85% en los costes asociados a las energías renovables, supone 0,54 euros por megavatio para compañías como ArcelorMittal o Azsa, mientras que pymes con menor intensidad de consumo recibirían doce veces más.