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Un nuevo agujero eléctrico resta fondos para rebajar la energía a la industria asturiana

La ministra Ribera vuelca los ingresos de las subastas de derechos de CO2 en cubrir el déficit que la crisis está provocando en el sistema

Torres eléctricas en Avilés.

El sistema eléctrico español se encamina a un nuevo déficit entre ingresos y gastos como consecuencia de la crisis económica, un agujero de dimensiones aún imprecisas y que el Gobierno prevé taponar por una vía con efectos colaterales para la gran industria asturiana. El Ministerio de Transición Ecológica quiere volcar en la corrección de ese desequilibrio la gran mayoría de los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de CO2, bolsa que nutre también las ayudas que reciben las fábricas electrointensivas (las asturianas de ArcelorMittal y Azsa, entre ellas) para abaratar la factura de la luz.

La caída de la demanda eléctrica por la crisis asociada al covid-19 ha mermado los ingresos del sistema eléctrico que sufragan los peajes (pagos correspondientes a las redes de transporte y distribución) y otros cargos (retribución de las plantas renovables, entre ellos). Es así porque, al caer el consumo por el descenso de actividad económica, baja también la recaudación por determinados impuestos y otros conceptos que, a cuenta de los usuarios, contribuyen a sufragar los costes eléctricos regulados por la Administración.

Se trata, asegura el Gobierno, de “desviaciones transitorias”, no de un déficit estructural como el acumulado hasta 2014 (30.000 millones de euro que aún están pagando los consumidores). Pero esos desajustes temporales podrían forzar por ley una subida automática del recibo de la luz.

Hornos altos de Arcelor en Veriña

Para evitarlo, el departamento de Teresa Ribera ha optado por utilizar el dinero procedente de las subastas de derechos para emitir CO2. Una normativa alineada con las instrucciones de la UE establecía hasta 2018 que los fondos de esa procedencia podían ser transferidos al sistema eléctrico hasta un máximo de 450 millones de euros al año. El Gobierno ha elevado ahora ese límite para 2020 hasta los 1.000 millones y para 2021 hasta los 1.100 millones de euros. Según recoge un real decreto-ley aprobado el pasado 17 de noviembre, la aportación para sufragar costes eléctricos, más concretamente para pagar a los productores de energías renovables, podría llevarse hasta el 90% de lo recaudado con las subastas de CO2.

Tal decisión limita las cantidades que se puedan dirigir a otros fines, particularmente a apoyar a la industria. La Unión Europea faculta a los estados miembros a destinar hasta el 25% de la recaudación de las subastas (o una cantidad equivalente con otro origen) a compensar a la industria intensiva en consumos eléctricos por los llamados costes indirectos del CO2 (los que van implícitos en la factura por la actividad de las centrales fósiles). El sector, con el apoyo de Gobierno asturiano y de los agentes sociales, viene demandando que España llegue a ese límite de ayudas como hacen otros países. En 2019 se quedó por debajo, con el reparto de 172 millones, y en 2020, más aún, con 61 millones. Y la posibilidad de acercarse al 25% en 2021 se hace más difícil ante la decisión del Gobierno de taponar la hemorragia del sistema eléctrico con los fondos procedentes del CO2.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 consigna 109 millones en las referidas compensaciones a las fábricas. La partida aparece con cargo a las cuentas del Ministerio de Industria y sin hacer referencia a que la procedencia sean las subastas del CO2. Y el Gobierno está intentando persuadir a la UE para añadir a esa cantidad 91 millones más, aunque no procederían de las citadas subastas, sino de los nuevos fondos europeos.

El desfase

El déficit provisional del sistema eléctrico supera los 2.000 millones de euros de este año, aunque la liquidación definitiva no se conocerá hasta avanzado 2021

El CO2

El Gobierno prevé taponar la hemorragia ampliando la transferencia al sistema eléctrico de fondos procedentes de las subastas de derechos de CO2, hasta un máximo de 1.000 millones este año

La industria

La desviación de mayores recursos para el déficit del sistema eléctrico limita los fondos que pueden destinarse a otros fines, en particular los que se usan para abaratar la factura eléctrica de la industria

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