La ingente cantidad de ayudas que la Unión Europea (UE) va a repartir este año para tratar de reconstruir la economía de los países miembros, afectados por la grave infección de la pandemia del coronavirus, corre peligro de tropezar contra la propia normativa comunitaria. En España, y también en Asturias, el Gobierno ya ha manifestado que quiere utilizar esos fondos para ayudar a las empresas a cambiar su modelo productivo para que sea más respetuoso con el medio ambiente y más digital, tal y como marca la propia UE. Pero el reparto del paquete de fondos bautizados como “Next Generation EU” (Próxima generación) estará encorsetado dentro de las reglas de ayudas de Estado que fija la misma Bruselas y que establecen una serie de limitaciones a la hora de que los países del club europeo financien los proyectos empresariales.
El objetivo de la normativa europea es el de impedir que se produzcan distorsiones en la competencia dentro de los estados europeos y por eso estableció hace años una serie de límites pera evitar que los Gobiernos cayeran en el dopaje empresarial. Al final, la normativa europea lo que hace es acotar –en función de una serie de requisitos, como el PIB por habitante– la cantidad de dinero que el Gobierno puede dar a las compañías, lo que puede suponer un obstáculo para que el sector privado impulse sus proyectos. Algunas fuentes matizaron ayer que desde el estallido de la pandemia, la UE había levantado la mano, pero no se prevé que siga haciéndolo.
Este no es un asunto que preocupe solo a España. Algunos países como Alemania –con una estructura económica asentada aún sobre la industria pesada– ya están picando a las puertas de Bruselas para intentar que esa flexibilidad en las reglas que ha habido durante estos últimos meses se alarguen o que, incluso, se puedan suavizar mas.
Para lo que, en principio, este marco normativo no tendrá efecto es para el desarrollo de grandes obras de infraestructuras, lo que podría facilitar el impulso de grandes proyectos como el corredor ferroviario Atlántico Noroeste, que cruzaría Galicia, Asturias y Castilla y León, y cuyo arranque vienen reclamando con insistencia los empresarios de estas comunidades. No obstante, el Gobierno español ya ha dicho que quiere reorientar buena parte de esos 70.000 millones que le tocan de los fondos europeos para reconstruir la economía, hacia proyectos de gran calado y que permitan dar un giro a la actividad económica. Y para eso será imprescindible enganchar a las empresas. Es más, hace unas semanas el Gobierno aprobó un mecanismo para facilitar la colaboración público privada para ir de la mano a por estos fondos.
El caso es que las reglas europeas para que los estados no dopen a sus compañías establecen, entre otras medidas, que las ayudas que el Gobierno conceda de forma directa a sus empresas sea muy pequeña, son lo que se conocen como “minimis” y están limitadas a solo 200.000 euros durante tres años. Una cantidad a todas luces insuficiente si lo que se quiere es poner en marcha proyectos que sean realmente transformadores. Durante la pandemia, la UE abrió la mano y permitió engordar esa cantidad hasta los 800.000 euros. La normativa comunitaria también permite que los gobiernos den suculentas subvenciones a sus empresas, siempre y cuando Competencia lo autorice. El problema de este camino es que no suele ser precisamente rápido. La respuesta de Bruselas suele demorarse hasta acabar con la paciencia de los empresarios.
Hay una excepción a las limitaciones cuando las ayudas vayan dirigidas a determinados sectores como el del medioambiental, las nuevas energías o la innovación, precisamente por los que apuesta el Principado. La trampa es que hay que justificar esas inversiones muy bien, lo que retrasa considerablemente todos los trámites. Más burocracia y con el reloj en marcha.
Ayer se celebró la primera reunión de la conferencia sectorial del plan de recuperación, transformación y resiliencia, convocada por el Ministerio de Hacienda, y en el que se comenzó a discutir la forma en la que se van a repartir estos fondos europeos. En la reunión participó la consejera de Hacienda del Principado, Ana Cárcaba, que señaló que “le hemos trasladado al ministerio que el trabajo conjunto es imprescindible si queremos obtener el mayor éxito posible”. Y añadió: “Estamos ante un reto difícil y apasionante porque se trata de sentar las bases de la transformación económica de nuestra región para superar la crisis”. Precisamente, ese es el objetivo de esa conferencia, el de conseguir que las comunidades remen en la misma dirección y puedan exprimir al máximo esos fondos.
Es más, a entender de Ana Cárcaba “estos fondos servirán para amortiguar el impacto de la crisis económica derivada de la pandemia, pero también para relanzar a los Estados de la UE y a sus regiones”.
